La defensora del Pueblo, Iris Marín, le envió un mensaje al nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, sobre los bombardeos que han dejado víctimas menores de edad: se debe combinar la protección de la niñez y la prevención del reclutamiento.
“No podemos seguir refiriéndonos a niños que ya terminaron reclutados y que terminan muriendo o en combates o en bombardeos. Sino que tenemos que hablar de prevención, la cual no se logra solo con acciones armadas”, afirmó la defensora.
A la fecha, más de 60 menores han muerto en medio de bombardeos de las Fuerzas Militares.
El pronunciamiento se da tras la decisión de las últimas horas un juzgado de Arauca que ordenó suspender los bombardeos contra grupos armados ilegales en ese departamento, hasta que se adopte un protocolo que proteja a los menores de edad y evite su muerte en medio de los operativos militares.
La decisión judicial fue tomada en respuesta a una acción de tutela presentada por el personero municipal de Puerto Rondón contra la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional.
Lo que busca el demandante es que las autoridades establezcan, publiquen e implementen, en un plazo máximo de un mes, un protocolo que evite la muerte de menores.
Lo anterior, a través de operaciones de inteligencia sobre su presencia en las zonas donde se adelantarían las operaciones, el análisis del impacto en civiles y bienes civiles, así como la aplicación de los principios de necesidad militar y limitación de la acción hostil.
Argumentos con los que coincidió el juez que estudió la tutela: concluyó que los protocolos vigentes no contemplan mecanismos específicos para verificar la presencia de menores reclutados antes de ejecutar operaciones aéreas.
Sobre todo, teniendo en cuenta que los menores de edad que suelen morir en esos operativos son considerados víctimas del conflicto armado y, por ello, sujetos protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.
En ese sentido, el Gobierno tendrá, según el fallo, dos meses para establecer ese protocolo. Mientras tanto, no se podrán desarrollar ese tipo de operaciones en la región. Hasta el momento, el Gobierno no se ha pronunciado al respecto.