En medio del debate nacional por la reglamentación de la Jurisdicción Agraria, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, fijó la postura del alto tribunal sobre el papel que debe cumplir la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en los conflictos relacionados con predios rurales.
El pronunciamiento se conoce luego de los reparos expresados por magistrados ante la plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia frente al artículo que permitiría a la ANT resolver directamente algunas controversias sobre la propiedad de terrenos baldíos, sin intervención de jueces.
Lenis Gómez aclaró que la Corte no está en contra de que el Estado, por medio de la ANT, siga entregando terrenos baldíos como lo ha hecho históricamente. Sin embargo, señaló que cuando surjan conflictos o reclamos por esas decisiones, estos deben ser resueltos por jueces de la Jurisdicción Agraria.
“La Corte Suprema de Justicia es enfática en señalar que la adjudicación de los terrenos baldíos ha sido y es, como en los últimos noventa años, una facultad del estado y en el esquema actual, a través de la Agencia Nacional de Tierras Con el fin de aplicar los lineamientos de la sentencia de la Corte Constitucional C-099 de abril de 2026 al diseño institucional que se está construyendo y acorde a la naturaleza de la jurisdicción agraria, se propuso que se asignen a esta, por ejemplo, las controversias que se susciten en torno a la validez de las resoluciones que expida la Agencia Nacional de Tierras o la disputa sobre terrenos baldíos. Este esquema es una garantía para asegurar la legalidad, la transparencia y la seguridad jurídica en dichos procesos”.
Según explicó el magistrado, la idea es que la nueva Jurisdicción Agraria funcione en línea con lo que ya señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-099 de abril de 2026 y que las decisiones que tome la ANT puedan ser revisadas por jueces especializados.
Tras este pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro reaccionó y señaló que respeta la posición del presidente de la Corte Suprema, pero advirtió que la Jurisdicción Agraria, contemplada en el Acuerdo de Paz, debe servir para agilizar la solución de los conflictos de tierras.
Desde la Corte Suprema explican que la propuesta no le quita funciones a la ANT. Lo que plantea es que, si hay reclamos o dudas sobre sus decisiones o disputas por terrenos baldíos, sean los jueces agrarios quienes actúen como garantes.