El lunes 28 de julio del 2025 se convirtió un día histórico para la historia de Colombia, ya que por primera vez un expresidente de la República fue condenado en primera instancia por dos delitos penales tras haber enfrentado un juicio.
El Juzgado 44 Penal de Conocimiento del Circuito de Bogotá halló responsable a Álvaro Uribe Vélez de cometer soborno en actuación penal y fraude procesal.
Ante las críticas de los partidarios de Uribe al considerar que la decisión judicial se trató de una persecución política por parte de los contradictores del exmandatario, la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW) emitió un contundente pronunciamiento al respecto.
Para la organización de derechos humanos, la justicia de Colombia es independiente al Gobierno Nacional y, por lo tanto, el proceso contra Uribe Vélez no se trató de ningún sesgo político, sino de un proceso judicial que se basó en pruebas contundentes.
“En Colombia existe un poder judicial independiente. La decisión contra el expresidente Uribe no es instrumentalización de la justicia”, expresó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, a través de su cuenta de X (antiguo Twitter).
A renglón seguido, la funcionaria que es colombiana y que fue representante a la cámara, hizo énfasis en los dos delitos que el exjefe de Estado fue declarado culpable, algo que para ella es una evidencia de violación a los derechos humanos.
“Sobornar testigos y hacer fraude procesal en un caso por violaciones a los derechos humanos es muy grave. Nadie está por encima de la ley”, enfatizó Goebertus.
Aunque no mencionó nombres, claramente el mensaje fue dirigido tanto para los seguidores de Álvaro Uribe como para congresistas republicanos y el secretario de Estado de Estados Unidos. Estos últimos se pronunciaron desde el país norteamericano afirmando que la decisión judicial se trata de intereses políticos, especialmente por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
“El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”, denunció el secretario de Estado, Marco Rubio.
La Embajada de Colombia en Washington fue otra de las partes que mostraron su inconformismo por lo dicho por congresistas de Estados Unidos.
“La República de Colombia se fundamenta en una separación de poderes firme e inequívoca. El poder judicial opera con plena autonomía e independencia, principios consagrados en nuestro marco constitucional y defendidos activamente por la actual administración del presidente Gustavo Petro”, señalaron.