La madrugada de este sábado marcó un nuevo capítulo en la huelga promovida por el Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol) en la Empresa de Energía de Santander (ESSA), filial del Grupo EPM.
El Ministerio del Trabajo informó que culminó el acompañamiento al sellamiento de instalaciones consideradas no esenciales para la prestación del servicio. Las actuaciones se realizaron en dependencias del área legal, Secretaría General y auditoría en Bucaramanga, así como en áreas de atención técnica de clientes y en la oficina de reducción y control de energía en Barrancabermeja.
De acuerdo con la cartera, estas medidas se adoptaron conforme a las competencias de la autoridad y dentro del marco que regula el ejercicio del derecho a la huelga.
No logran acuerdo
La hora cero del cese comenzó el viernes 20 de febrero a las 7:00 a. m., luego de varias mesas de diálogo en las que participaron representantes del sindicato y de la empresa, con el acompañamiento institucional. Pese a estos encuentros, no se logró un acuerdo entre las partes.
El Ministerio recordó que en Colombia la huelga tiene reconocimiento constitucional. Sin embargo, subrayó que su desarrollo debe armonizarse con la protección de servicios cuya interrupción pueda afectar gravemente a la comunidad. En el caso del suministro de energía, se trata de un servicio público esencial que exige garantías de continuidad.
Por ello, la entidad hizo un llamado tanto al sindicato como a la empresa para asegurar la prestación del servicio. “El Ministerio del Trabajo hace un llamado al sindicato y a la empresa para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público esencial, y recuerda que el incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a las investigaciones administrativas correspondientes y a las sanciones previstas en la normativa vigente”, se puede leer en el comunicado.
Además, reiteró la disposición del Gobierno nacional para seguir acompañando espacios de diálogo que permitan superar la situación actual.
Llamado del gremio empresarial
A la par de los pronunciamientos oficiales, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) manifestó su inquietud frente a las posibles consecuencias de la huelga y pidió a las autoridades nacionales y departamentales unir esfuerzos para garantizar la continuidad del servicio.
El gremio recordó que, según la Ley 142 de 1994 y la Ley 143 de 1994, la energía eléctrica es un servicio esencial, cuya prestación adecuada y continua está ligada a la protección de la vida, la salud y la seguridad de la población.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por el impacto devastador que la interrupción del servicio tendría sobre el territorio, afectando a más de 958,344 usuarios de 102 municipios, los cuales se encuentran ubicados en 6 departamentos”, afirmaron.
Entre los más sensibles se encuentran establecimientos de salud, usuarios electrodependientes, hogares geriátricos, instituciones educativas, centros penitenciarios, acueductos, estaciones de bomberos, aeropuertos y nodos de telecomunicaciones.
“Instamos a las partes a priorizar el diálogo institucional sobre medidas que generarían afectaciones a derechos fundamentales de la ciudadanía, así como daños irreversibles a la productividad y la seguridad social de la región”, dijo en su llamado la entidad.