El Gobierno Nacional, a través de su vocero Miller Soto, dio a conocer una preocupante denuncia tras hallazgos administrativos y financieros en 11 de 42 cajas de compensación familiar que fueron intervenidas durante el Gobierno de Gustavo Petro.
Según Miller, uno de los casos con más preocupación es el de Comfamiliar Atlántico, intervenida desde el pasado mes de julio. Durante los últimos días del anterior Gobierno, se habrían hecho modificaciones administrativas de última hora, como la creación de cargos o contratos de larga duración.
“Encontraron contratos de larga duración que superarían el periodo propio de la intervención, encontraron posibles incompatibilidades y vínculos contractuales entre personas relacionadas con la entidad y el organismo llamado a vigilarla. Modificaciones contractuales con impactos económicos que la propia ministra calificó de millonarios, además de casos de presunto acoso laboral y posibles maniobras fraudulentas”, afirmó Soto en su intervención.
En ese sentido, la ministra del Trabajo, Natalia López, recurrirá a la radicación de documentos sobre lo anterior ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Estas autoridades en sus investigaciones se encargarán de establecer posibles responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales.
Además, otro de los casos mencionados por el vocero del Ejecutivo fue el de Comfenalco Antioquia, a la que bautizó como “telaraña azul”. La razón es porque hubo una supuesta red de intereses políticos con el objetivo de controlar irregularmente más de 1 billón de pesos de recursos que pertenecían a la entidad.
“Las 11 cajas bajo algún tipo de medida incluyen seis con intervención administrativa total, una con intervención parcial de su consejo directivo y cuatro que se encuentran en proceso de levantamiento de la medida.
Entre ellas aparecen Comfamiliar Atlántico, Comfenalco Antioquia y Comfaguajira, entidades sobre las cuales la Procuraduría también ha advertido situaciones que son objeto de seguimiento, relacionadas con sus órganos de dirección y control, planes de mejoramiento, transparencia y debido proceso”, detalló Miller Soto.
La Procuraduría ha venido alertando al Ministerio del Trabajo acerca de situaciones críticas que se estarían presentando en Comfenalco Atlántico, Comfenalco Antioquia y Comfaguajira.
Mientras que la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles del Trabajo y la Seguridad Social ha venido descubriendo situaciones consideradas como objeto de especial seguimiento.
Así las cosas, el Ministerio de Trabajo y otras carteras al final del presente mes de septiembre deberán entregar al presidente de la República un informe con irregularidades identificadas desde el pasado 7 de agosto. Las autoridades competentes se encargarán de determinar las posibles responsabilidades.