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Los cinco casos más graves de presunta corrupción denunciados por De la Espriella en el ‘Libro de la verdad’
El llamado ‘Libro de la verdad’, entregado por el Gobierno de Abelardo De la Espriella a las autoridades, reúne 23 casos de presunta corrupción identificados durante la administración de Gustavo Petro.
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18 de ago de 2026, 09:13 p. m.
Actualizado el 18 de ago de 2026, 09:13 p. m.
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El Gobierno de Abelardo De la Espriella entregó a las autoridades un documento de 135 páginas denominado ‘Libro de la verdad’, en el que quedaron consignados hallazgos sobre presuntas irregularidades durante la administración de Gustavo Petro.
El propio De la Espriella aclaró que el documento no pretende reemplazar a la justicia ni anticipar responsabilidades. Por ello, los cinco casos que aparecen a continuación deben entenderse como presuntas irregularidades denunciadas por el Gobierno, no como hechos de corrupción judicialmente probados.
No llegamos al Gobierno a encubrir complicidades, a guardar silencio ni a contemporizar con el delito.
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 18, 2026
En el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, reafirmo mi compromiso inquebrantable con la moral pública, la transparencia y la defensa sagrada de los recursos de los… pic.twitter.com/iPtCKJHptj
1. Compra de 537 predios por $979.003 millones
Uno de los expedientes de mayor impacto económico corresponde a la reforma agraria. Según el documento, la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales realizaron operaciones para adquirir 537 predios por $979.003 millones.
La principal alerta señalada por el Equipo Élite Anticorrupción es que los pagos se habrían efectuado antes de que terminara la transferencia y el registro de los terrenos a favor de la Nación.
De acuerdo con el informe, al momento de la revisión solamente tres predios estaban debidamente titularizados. El Gobierno anunció que este caso fue llevado a la vía penal, fiscal y disciplinaria.
2. Proyectos por cerca de $900.000 millones antes del cambio de Gobierno
Otro episodio ocurrió en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. El organismo tenía prevista una sesión para el 6 de agosto de 2026, un día antes del cambio de Gobierno, en la que se contemplaba definir proyectos financiados con recursos cercanos a $900.000 millones.
El Equipo Élite solicitó una intervención preventiva de la Procuraduría. El organismo de control pidió suspender la sesión y, finalmente, la reunión no tuvo el cuórum necesario para tomar decisiones.
3. La planta desalinizadora de Santa Marta por $786.000 millones
Entre los procesos señalados como más graves aparece también la contratación de una planta desalinizadora para Santa Marta por cerca de $786.000 millones.
La preocupación estuvo relacionada con los estudios, los costos y las condiciones técnicas del proyecto, cuyo proceso comenzó pocas semanas antes de finalizar el gobierno Petro. Ante las dudas planteadas, la Procuraduría solicitó suspender provisionalmente el proceso adelantado por Essmar mientras realizaba su revisión.

4. Contrato de ciberseguridad por cerca de $300.000 millones
Colombia Compra Eficiente quedó bajo la lupa por un proceso destinado a adquirir servicios de ciberseguridad por aproximadamente $300.000 millones.
La particularidad que encendió las alertas fue que el proceso aparecía registrado en Secop II con un presupuesto de cero pesos, pese al valor señalado para la contratación. Después de las advertencias del Equipo Élite y de una queja disciplinaria, Colombia Compra Eficiente suspendió el proceso antes de que fuera adjudicado.
5. La Resolución 478 y los contratos durante fines de semana y festivos
El quinto caso tiene como protagonista al Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre. El 6 de julio de 2026 expidió la Resolución 478, mediante la cual se declararon hábiles varios sábados, domingos y festivos para adelantar actuaciones contractuales, administrativas y presupuestales antes del cambio de Gobierno.
El Equipo Élite demandó la decisión ante el Consejo de Estado. El 28 de julio, el alto tribunal suspendió provisionalmente sus efectos al considerar que la medida podía reducir los tiempos disponibles para presentar observaciones, ofertas y reclamaciones en los procesos.








