La tensión entre el magisterio y el Gobierno Nacional parece haber encontrado una vía de solución tras las jornadas de protesta del pasado 15 de abril. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) alcanzaron un consenso definitivo para ajustar el esquema de salud de los docentes, el cual había enfrentado serios tropiezos operativos en las últimas semanas.
Este nuevo acuerdo surge como respuesta a las marchas donde miles de educadores exigieron garantías en la prestación del servicio. El vicepresidente del Fomag, Herman Bayona Abello, confirmó en una entrevista radial que la meta es acelerar la transición hacia un sistema que también servirá como prueba piloto para las reformas sanitarias que el Ejecutivo busca implementar en todo el territorio colombiano.
A pesar de que el modelo inició oficialmente en mayo de 2024, factores económicos y limitaciones administrativas habían impedido que las mejoras llegaran a los usuarios. Los docentes denunciaron que, aunque el gasto en salud aumentó, la calidad de la atención no reflejaba dicha inversión, generando un clima de incertidumbre en el sector educativo.
Dentro de las medidas urgentes se contempla una reingeniería profunda de la plataforma Horus, el ecosistema digital donde se gestionan las citas y autorizaciones. Bayona Abello explicó que se detectaron barreras estructurales en la contratación, heredadas de prácticas de subcontratación que venían operando de manera irregular desde el año 2017.
El funcionario fue enfático al señalar que el “monopolio de la atención” y de los recursos financieros ha dificultado los procesos de cambio. No obstante, prometió que los docentes contarán ahora con más canales de atención, incluyendo el apoyo de operadores privados en zonas donde las EPS actuales no tengan la cobertura necesaria.
Un punto fundamental del pacto es la creación de un plan de seguimiento departamental. Con el apoyo de los sindicatos regionales, se buscará que la atención sea personalizada y se adapte a las realidades de cada provincia, asegurando que los medicamentos y las consultas especializadas lleguen de forma oportuna a los territorios.
El cronograma establecido es estricto, se fijó un periodo de dos meses para finalizar los procesos de contratación pendientes. Este tiempo es vital para la actual administración, que busca dejar el sistema estabilizado antes de que finalice su periodo de gobierno, garantizando una transición ordenada hacia el nuevo esquema prestacional.
La jornada de acuerdos también estuvo marcada por acciones legales. El Fomag radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por presunto “sabotaje” contra una IPS que habría cancelado servicios médicos de forma injustificada. Según la entidad, estas acciones comprometieron la vida de pacientes graves en medio de las movilizaciones.