Catorce nuevos casos de periodistas víctimas de los llamados 'perfilamientos' por parte del Ejército Nacional fueron revelados este jueves por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Según la organización, dentro de la investigación existen indicios de que fue usada tecnología invasiva para realizar los perfilamientos que incluyó obtener información de familiares y fuentes de los comunicadores.

Lea también: Corte Suprema abre indagación contra Álvaro Uribe por caso de las chuzadas del Ejército

La FLIP, en un comunicado, suministró el nombre de los periodistas que aceptaron que su nombre sea revelado. Ellos son: Damien Fellous, Gerald Bermúdez, Julián Martínez, Gustavo Rugeles, Javier Alexander Macías, Ibéyise Pacheco, Alberto Federico Ravell, Sandra Paola Soto, Vivian Fernández y Miguel Mattus.


Entre algunos de los mencionados, Julian Martínez es periodista de investigación, autor del libro 'Chuzadas'; Gustavo Rugeles, es el director de El Expediente; Javier Alexander Macias es periodista de El Colombiano, y Alberto Ravell es un periodista venezolano, socio de Cablenoticias.

En mayo, la FLIP ya había documentado los casos de 38 periodistas que hacían parte de los perfilamientos mencionados por la revista Semana en su publicación “Carpetas secretas”. Es decir, hasta el momento, son 52 los periodistas que habrían sido objetos de perfilamientos.

Según la FLIP, en la investigación sobre los perfilamientos fueron hallados oficios del Ejército en los que "se hace mención a un sistema informático móvil para instalar aplicaciones en teléfonos Android o BlackBerry. A uno de estos planes se le denominó 'Proceso Operacional Troya', a través del cual se solicitaban herramientas de administración remota para hacer un rastreo continuo desde sitios web con el fin de obtener información de los afectados y estar al tanto de su localización".

De acuerdo con la organización, esto contradice lo que se había asegurado inicialmente de que en los perfilamientos solo se habían usado fuentes abiertas de información.

La FLIP también informó que aún no recibe respuesta completa por parte del Gobierno nacional a un derecho de petición en el que solicita que se le responda sobre la ubicación y entrega de las carpetas a los afectados, los niveles de decisión en que se ordenaron los perfilamientos y las personas que tuvieron acceso a dicha información. El Gobierno delegó al Ministerio de Defensa para responder, pero hasta ahora, según la organización, "se han limitado a insistir sobre la ya conocida posición del Gobierno frente a los hechos".