En el inicio de la diligencia, la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitó la reserva de la audiencia y la anonimización de las víctimas.
La Fiscalía basó su petición en la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre acoso laboral, buscando proteger el derecho a la intimidad, confidencialidad y no revictimización de las denunciantes, enfatizando un enfoque diferencial y de género.
La fiscal delegada señaló que la anonimización de los datos de las cuatro víctimas es necesaria para salvaguardar sus derechos, argumentando que esto no afecta el debido proceso ni la imparcialidad del juicio contra el indiciado.
Por su parte, la defensa de Jorge Alfredo Vargas solicitó que la audiencia sea pública, limitando la restricción solo a la identificación de las víctimas. Debido al debate jurídico sobre la reserva del proceso, la jueza de control de garantías suspendió la diligencia. La reanudación fue programada para el martes 4 de agosto a partir de las 9:00 a.m.
La defensa del presentador se pronunció horas antes de la audiencia de imputación. El caso ha generado amplia atención nacional.
El periodista reapareció vestido con un traje de paño negro, camisa blanca y corbata azul con estrellas blancas.
Según las denuncias, asediaba a las jóvenes con constantes invitaciones a salir. Igualmente, les escribía mensajes privados en redes sociales con preguntas de tono sexual.
La fiscal del caso y su equipo concluyeron que el presentador habría abusado de su cargo, su trayectoria y su reconocimiento para realizar este tipo de acciones.
Las víctimas, cuyas identidades se mantienen bajo reserva por orden constitucional, señalaron que el presentador las abordaba en los pasillos del noticiero para intentar “robarles besos” o tocarlas de manera indebida.
Cabe recordar que el caso estalló públicamente el 20 de marzo de 2026, cuando Caracol Televisión confirmó la apertura de investigaciones internas tras recibir acusaciones de presunto acoso sexual contra dos de sus periodistas más visibles: el presentador de la emisión central de noticias, Jorge Alfredo Vargas, y el periodista deportivo Ricardo Orrego.
Cuatro días después del anuncio, el canal dio por terminado el contrato laboral de Vargas luego de casi dos décadas de vinculación continua. La empresa aclaró en su momento que la decisión buscaba proteger a las afectadas y no constituía un fallo definitivo de culpabilidad.
El expediente penal de la Fiscalía General de la Nación rastrea las conductas cometidas entre los años 2024 y 2026. El caso incluye formalmente a cuatro presuntas víctimas, todas mujeres jóvenes que se desempeñaban como sus compañeras de trabajo en el canal de televisión.