El exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación en el proceso que adelanta por presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación del contrato para la expedición de pasaportes en Colombia.
Durante la audiencia, el ente acusador le imputó los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público, en el marco de la investigación sobre el contrato para la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, cuyo valor supera los 559.000 millones de pesos.
“Los hechos que se le atribuyen están relacionados con las posibles irregularidades detectadas en la adjudicación del contrato para la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026″, dijo la Fiscalía.
Según la investigación, Salazar expidió las resoluciones 1394, 1395 y 1396 del 26 de febrero de 2024, mediante las cuales revocó el acto administrativo firmado por el entonces canciller, Álvaro Leyva Durán, quien había declarado desierta la licitación y rechazado un recurso de reposición presentado por uno de los interesados en el proceso.
De acuerdo con la Fiscalía, estas actuaciones tenían el propósito de levantar anticipadamente la urgencia manifiesta que había suspendido el trámite contractual y abrieron nuevamente el camino para adjudicar el contrato al único proponente que permanecía en la licitación.
“De acuerdo con los elementos materiales probatorios, con estas actuaciones habría excedido sus competencias, en el entendido de que solo tenía funciones administrativas y de coordinación institucional, y no contaba con autonomía para reabrir y adjudicar procesos contractuales cerrados”, sostuvo la Fiscalía.
Además de las presuntas irregularidades en el proceso contractual, el exfuncionario enfrenta una investigación por la compra de un predio rural en el municipio de Puerto López, Meta, avaluado en al menos 950 millones de pesos.
Según el ente acusador, no se encontraron soportes financieros que justificaran la adquisición del inmueble. La Fiscalía indicó que no se evidenciaron transferencias, créditos ni otros respaldos patrimoniales que explicaran el origen de los recursos utilizados para la compra.
“Se conoció que Salazar Ramírez, quien ocupó el cargo de secretario general entre el 18 de agosto de 2022 y el 26 de febrero de 2024, adquirió durante ese periodo un predio rural en Puerto López (Meta), por valor de 950 millones de pesos, sin tener una justificación financiera. No se advierten transferencias o créditos ni soportes bancarios o patrimoniales que soporten la compra de los inmuebles”, indicó la entidad.