“Definitivamente no lo fue”, esa fue la conclusión a la que llegó la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, sobre el éxito de la política de Paz Total implementada en el país por el gobierno anterior.
La funcionaria se refirió al desarrollo de las negociaciones con grupos armados y señaló que el modelo enfrentó diferentes dificultades, entre ellas la manera en que fueron estructurados los diálogos regionales, la participación de integrantes de las organizaciones en las mesas y las limitaciones que tuvo la Fiscalía para hacer efectivas algunas órdenes de captura.
“Esa paz total tuvo muchísimas dificultades para que fuese exitosa y no lo fue. Definitivamente no lo fue”, respondió Camargo durante una entrevista con Noticias Caracol, cuando fue consultada directamente sobre si consideraba que la política había fracasado.
Para la fiscal, uno de los principales problemas estuvo relacionado con la decisión de mantener varios diálogos regionales de manera simultánea, un esquema que requería una capacidad de planeación que no estuvo presente durante el desarrollo de las conversaciones con las estructuras armadas.
“Lo primero que yo creo es que haber planteado un modelo de diálogos regionales demandaba una gran capacidad de planeación, que yo la vi ausente, porque eso significa tener muchos diálogos abiertos simultáneamente”, explicó la fiscal general.
Camargo también planteó dificultades frente a la interlocución con las organizaciones armadas, al señalar que los acuerdos pueden establecerse con quienes ejercen el mando de una estructura, pero que esa comunicación no necesariamente se extiende a los mandos medios, situación que terminó generando conversaciones dispersas.
La fiscal además cuestionó la voluntad de algunos de los actores que participaron en esos procesos y explicó que, mientras se adelantaban las conversaciones, la Fiscalía tuvo restricciones para ejecutar determinadas órdenes de captura contra personas que hacían parte de las mesas como representantes de las organizaciones armadas.
“Ese proceso no permitió que hiciéramos efectivas órdenes de captura contra personas que participaban de las mesas de diálogo, efectivamente, que normalmente son las personas que representan a esas organizaciones armadas”, señaló Camargo.
La funcionaria relacionó esta situación con la Ley 2272 de 2022, que dio continuidad durante cuatro años a la Ley 418 de 1997, marco utilizado para las políticas de orden público y los procesos de paz de diferentes gobiernos, y explicó que la suspensión de órdenes estaba vinculada con las conversaciones adelantadas por el Gobierno Nacional.
Camargo aclaró que esa suspensión tenía un alcance específico y no incluía las órdenes de captura emitidas con fines de extradición, un punto que mencionó al referirse al caso de alias Araña y a las diferencias que se presentaron alrededor de su captura.
“La suspensión de las órdenes de captura no podía cobijar nada distinto a las órdenes de captura nacionales y no aquellas con fines de extradición”, afirmó la fiscal general de la Nación.