El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, participó en la plenaria del Grupo de Ética de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp) en Montevideo, Uruguay, donde lideró la discusión sobre la implementación de la ‘Carta de Principios Éticos de los Ministerios Públicos Iberoamericanos’.
En la reunión, Barbosa reiteró la necesidad de constituir una Comisión de Ética, con el objetivo de supervisar la incorporación de la Carta y fortalecer ese enfoque en los Ministerios Públicos de la región. En ese sentido, destacó la importancia de que esa comisión sea dinámica en el alcance de los grupos de trabajo.
Por ello, propuso que el enfoque ético en los Ministerios Público sea aprobado en la próxima Asamblea General de la Aiamp, que tendrá lugar en febrero del próximo año e hizo enfasis en la necesidad de priorizar los derechos de las víctimas en las investigaciones judiciales.
En el encentro en Uruguay, Barbosa señaló: “Tenemos una tarea y es llegar a nuestra próxima Asamblea General en el mes de febrero con la Comisión de Ética lista. Yo sí creo que tenemos hoy la carta, pero esta requiere un mecanismo que pueda integrarse y pueda irradiarla a través de esta Comisión de Ética en cada uno de los grupos de trabajo y de las redes de la AIAMP”.
“Esta es una comisión que terminaría siendo, como yo lo planteaba, una comisión viva, no simplemente un cuerpo creado, sino una comisión que nos permita, a través de esa metodología o pedagogía, llegarle al corazón de los puntos de contacto, de los grupos de trabajo y de las diferentes redes para que se integren a las temáticas”, añadió.
Sobre las víctimas, mencionó que “juegan un rol trascendental. Todo lo relativo a la perspectiva de género y respeto de los derechos humanos, por ejemplo, en el principio de imparcialidad, a mí me parece tremendamente importante”.
Refiriéndose a Colombia, el Fiscal General mencionó que en los últimos cuatro años se han capturado 20.908 personas por tráfico de estupefacientes, se han desarticulación 278 organizaciones que se dedian a ese delito. Además, en colaboración con Uruguay, pudieron incautar 1,7 toneladas de derivados de la cocaína.