Ante la reciente suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas de seguridad en distintas regiones del país por una presunta infiltración de estructuras criminales en estas compañías, según confirmó la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada (Fedeseguridad) respaldó la decisión.
Por medio de un comunicado oficial, la entidad rechazó cualquier práctica que desvíe el objeto autorizado de las compañías de vigilancia o que facilite el acceso de armamento a actores al margen de la ley.
Fedeseguridad reafirmó que dichas irregularidades vulneran el ordenamiento jurídico y afectan la legitimidad y confianza que deben regir la prestación formal de los servicios de vigilancia y seguridad privada. No obstante, advirtió sobre una problemática con la operación de algunas empresas.
“Existe una brecha de control igual de preocupante. En el país persisten empresas que prestan servicios de vigilancia y seguridad privada sin licencia de funcionamiento y, por lo tanto, al margen de los controles sobre armamento, cumplimiento de garantías laborales, trazabilidad de su personal y de cualquier esquema de supervisión estatal”, se lee en la misiva.
Frente a este panorama, Fedeseguridad hizo un llamado a que las acciones de control o la “lucha contra la ilegalidad” se realicen de manera “integral y permanente”, sin distinciones, con el fin de proteger al sector formal, que cumple obligaciones legales, laborales y regulatorias. A su vez, se preservarían las condiciones justas de competencia en el mercado.
“El Estado debe actuar con la misma firmeza frente a toda forma de operación que eluda la autorización, el control y la supervisión estatal. Fortalecer el control sobre la informalidad es proteger a quienes sí cumplen, preservar la confianza en el sector y cerrar espacios a prácticas que afectan la seguridad de los colombianos”, añadió la entidad.
Finalmente, el organismo señaló que la seguridad privada debe entenderse como aliada estratégica en la construcción de un país más seguro, no como un actor marginal, por lo que reiteró la importancia de consolidar un sector sólido, transparente y confiable.
El comunicado se da en medio de la suspensión de 31 licencias de funcionamiento contra compañías de seguridad con sede en ciudades como Bogotá, Barranquilla y otras regiones del país.
Entre las empresas mencionadas están Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda., a las que se les canceló la licencia en fallo de primera instancia.
Además, la Superintendencia informó que al menos otras ocho empresas podrían ser sancionadas en las próximas semanas.