La Economía Popular quedó oficialmente incorporada al régimen de zonas francas con la expedición del Decreto 1317 de 2025, una decisión que marca un cambio estructural en la política industrial del país.
La medida, presentada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, permite que micronegocios y unidades productivas accedan a condiciones tributarias y logísticas que antes estaban reservadas para empresas instaladas bajo este régimen especial.
El decreto introduce dos transformaciones centrales. La primera es la creación de las Zonas Francas Permanentes Especiales de Economía Popular, una figura que habilita a pequeños productores a instalarse dentro del sistema franco para potenciar sus capacidades productivas y formalizarse progresivamente.
Esta categoría abre la puerta a incentivos específicos y servicios especializados dirigidos a fortalecer su competitividad y cerrar brechas históricas.
La segunda transformación se da dentro de las zonas francas del régimen general. Allí, el decreto establece que los usuarios industriales y comerciales deberán incorporar a unidades de Economía Popular como proveedoras de bienes y servicios, generando encadenamientos productivos y vínculos territoriales.
Esto implica que la economía de base comunitaria no solo podrá acceder a un espacio exclusivo, sino que también será parte de la dinámica interna de las zonas ya existentes.
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, destacó que esta decisión amplía oportunidades reales para quienes han sostenido históricamente la producción local.
Según explicó, la integración permitirá avanzar hacia procesos de formalización, crecimiento empresarial y expansión comercial, elementos fundamentales para consolidar una estrategia de reindustrialización territorial.
El Gobierno había anticipado esta reforma meses atrás, cuando en agosto de 2025 el Ministerio publicó un proyecto de decreto para comentarios públicos.
Ese documento ya contemplaba la creación de zonas francas permanentes especiales y el fortalecimiento de mecanismos asociativos para que micronegocios, artesanos y recicladores pudieran vincularse de forma autónoma o colectiva al régimen. También planteaba metas de inversión, requisitos de empleo y la habilitación de empresas de apoyo dentro de las áreas declaradas como zonas francas.
Uno de los sectores que ha respaldado la medida es el de confecciones, considerado un pilar de la Economía Popular. Guillermo Elías Criado, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, afirmó que el decreto abre una plataforma de integración para miles de unidades económicas de baja escala e impulsa la competitividad regional.
Las unidades productivas que se vinculen podrán acceder a servicios de formación, asistencia técnica, procesos de transformación productiva y estándares de calidad. El Ministerio anunció que estos programas se desarrollarán en articulación con otras entidades nacionales, facilitando el acceso al financiamiento y la inserción en mercados.