A pocos meses de las elecciones al Congreso y la primera vuelta presidencial de 2026, distintos informes de inteligencia, alertas de organismos de control y testimonios recogidos en varias regiones del país, advierten sobre un deterioro significativo de las garantías democráticas, donde grupos armados ilegales estarían desplegando un plan sistemático para influir de manera directa en los resultados electorales, mediante el control territorial, la intimidación a comunidades y la imposición de candidatos afines a sus intereses.
La situación, documentada por SEMANA con base en información reservada, involucra a estructuras como las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y los Conquistadores de la Sierra.
Según inteligencia militar, estas organizaciones pasaron de tener presencia en cerca de 150 municipios hace cuatro años a más de 600 en la actualidad, lo que representa casi la mitad del país.
El fenómeno, de acuerdo con los reportes, es más grave que en procesos electorales anteriores, pues en varias regiones, los grupos armados ejercen un control estricto sobre la población: restringen la movilidad, vigilan la participación comunitaria y mantienen registros detallados de los habitantes, a través de mecanismos como la carnetización, documentada en departamentos como Caquetá, Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Meta.
Este dominio territorial se ha consolidado en el marco de la política de paz total impulsada por el Gobierno nacional, que, según fuentes militares, habría sido aprovechada por estas estructuras para fortalecerse.
Según testimonios recogidos en distintas zonas del país, los grupos armados ejercen un patrón repetido, en el que seleccionan a determinados candidatos o colectividades políticas, obligan a las comunidades a respaldarlos en las urnas y, ante la limitada presencia de la fuerza pública en áreas rurales, incluso custodian los puestos de votación.
En algunos casos, los electores son acompañados hasta el lugar donde deben sufragar, lo que refuerza el control y elimina cualquier posibilidad de voto secreto.
A esto se suma el dominio que ejercen sobre juntas de acción comunal, lo que les permite contar con censos precisos de la población. Con base en estas listas, se lanzan amenazas contra quienes no acaten las órdenes, incluyendo advertencias de muerte o desplazamiento forzado.
Un ejemplo de estos casos, que ha sido documentado, corresponde a la región del Catatumbo, en Norte de Santander, donde un líder social y político relató que el frente 33 de las disidencias de las Farc controla la actividad proselitista y participa de manera directa en campañas, con el objetivo de quedarse con las curules de paz destinadas a las víctimas.
Audios y llamadas en poder de la justicia, y conocidos por SEMANA, evidencian cómo cabecillas disidentes exigen votos y aportes económicos para una candidata específica, bajo consignas obligatorias y mensajes intimidantes.
Cabe mencionar que, la preocupación no se limita a esa región. Pues Lina Tabares, defensora de derechos humanos de Fundterpaz, advirtió que en zonas rurales de Jamundí, Cauca y Nariño ya se registraron imposiciones de voto en elecciones locales pasadas, y el temor se ha profundizado de cara a los comicios nacionales.
Según explicó, el control es permanente y no se restringe al día de la votación, lo que convierte el concepto de voto libre en una “ficción” para muchas comunidades rurales.
Cifras respaldan estas denuncias. De acuerdo con la MOE, el 59,27 % de los hechos violentos registrados en las elecciones de 2023 ocurrió en zonas rurales, y 923 casos se concentraron en territorios Citrep, históricamente afectados por el conflicto armado y la débil presencia estatal. Además, entre marzo y noviembre de 2025 se documentaron 1.613 hechos de violencia política, un aumento del 179 % frente a 2022.
Como prueba de esto, SEMANA, conoció un documento interno de la Registraduría Nacional, en el que cruzó datos de participación electoral y violencia armada entre 2014 y 2023. El análisis muestra que muchos municipios con alta intensidad del conflicto presentan baja participación electoral, reflejo del miedo y la desconfianza.
Sin embargo, el informe advierte un riesgo adicional: en algunos territorios podría presentarse una combinación de alta violencia y alta participación, no por mayor pluralismo, sino por presión y movilización forzada del electorado.
Este panorama también ha inquietado a las autoridades regionales. La Federación Nacional de Departamentos solicitó al Gobierno Petro la realización urgente de consejos regionales de seguridad para reforzar el Plan Democracia y prevenir el constreñimiento electoral, el control armado del territorio y el favoritismo político mediante el uso de las armas.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que llamó a blindar la democracia con respuestas diferenciadas y oportunas. Su defensora, Iris Marín, advirtió que el país enfrenta un conflicto armado transformado, caracterizado por la fragmentación de actores ilegales, lo que complica el panorama de seguridad electoral. A esto se suma, según la MOE, el uso de recursos del narcotráfico para comprar votos, financiar campañas y manipular elecciones.