La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció un grupo de trabajo enfocado en verificar las presuntas irregularidades expuestas durante un evento oficial.

Un equipo especial de investigación fue anunciado formalmente por las directivas del ente acusador con el objetivo prioritario de revisar a fondo el material entregado en el informe denominado ‘El libro de la verdad’.

El presidente entregó el 'Libro de la Verdad' al procurador general, Gregorio Eljach Pacheco; a la fiscal general, Luz Adriana Camargo; y al contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas. | Foto: Presidencia de la República de Colombia

La decisión fue confirmada durante los actos institucionales celebrados en el marco del Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción. Las autoridades judiciales iniciarán las valoraciones preliminares sobre el compendio que señala supuestas irregularidades en la administración del expresidente Gustavo Petro.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, detalló que la coordinación de este grupo de trabajo estará liderada de manera directa por la jefatura de la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, en conjunto con la dirección especializada contra la corrupción.

Las altas funcionarias tendrán la misión institucional de liderar las verificaciones técnicas necesarias y revisar minuciosamente los elementos probatorios adjuntos al expediente para adoptar las decisiones judiciales que correspondan en cada caso concreto.

Frente a las indagaciones preliminares, la titular del ente judicial fue enfática al aclarar que la inclusión de nombres o testimonios dentro del documento aportado no implica automáticamente el inicio inmediato de investigaciones formales.

La funcionaria precisó que resulta indispensable agotar un proceso riguroso de contrastación probatoria en el campo legal. Corresponderá a los fiscales asignados recaudar el material de prueba idóneo para determinar si existen fundamentos jurídicos reales que sustenten la apertura de expedientes.

En materia de garantías constitucionales, la alta funcionaria hizo un llamado enfático a mantener la prudencia y la firmeza en el accionar de las instituciones del Estado.

La jefa de la entidad acusadora subrayó que la lucha contra la delincuencia administrativa exige un compromiso absoluto con el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia de las personas señaladas en el informe y la transparencia operativa en la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

La entrega formal del documento se produjo durante el encuentro oficial donde el presidente Abelardo De La Espriella hizo llegar la recopilación de datos a la jefatura del organismo acusador.

Tras la recepción del material, la entidad puso en marcha un enfoque de análisis transversal que involucra a diversas dependencias especializadas para abordar la complejidad de los hechos denunciados y coordinar la toma de decisiones judiciales bajo los marcos legales vigentes.

Con este despliegue investigativo, las dependencias judiciales buscan dar una respuesta institucional rápida y técnica a los señalamientos presentados por el Ejecutivo. Los fiscales designados iniciarán las labores de campo y la revisión exhaustiva de los documentos para establecer si hay lugar a imputaciones o al archivo de los folios remitidos.