Este jueves 20 de agosto se desarrollarán en Bogotá dos audiencias relacionadas con investigaciones penales que involucran a Juliana Guerrero y Ricardo Roa, dos figuras que tuvieron vínculos con el gobierno de Gustavo Petro.
La Fiscalía General de la Nación formalizará los escritos de acusación contra Guerrero, quien estuvo cerca de asumir como viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad, y contra Roa, expresidente de Ecopetrol y quien fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
La diligencia contra Juliana Guerrero está relacionada con los títulos académicos que presentó para modificar su hoja de vida y aspirar al cargo en el Ministerio de la Igualdad.
La investigación de la Fiscalía revela que Guerrero habría utilizado diplomas y actas de grado que no correspondían a estudios realizados por ella. El ente acusador sostiene que obtuvo títulos como tecnóloga en gestión contable y contadora pública de la Fundación Universitaria San José sin haber cumplido con los requisitos académicos correspondientes.
Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía señaló que Guerrero no habría asistido a clases, presentado exámenes ni realizado la prueba Saber Pro requerida para obtener el título profesional.
Según la investigación, posteriormente habría registrado la información académica en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep II), con el propósito de respaldar su nombramiento como viceministra de las Juventudes.
Por estos hechos, la Fiscalía la llevará a juicio por el delito de fraude procesal. La audiencia está programada para las 10:00 de la mañana, ante el Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá.
El caso Roa
Horas después, a las 12:00 del mediodía, se realizará la audiencia relacionada con el proceso contra Ricardo Roa.
En este caso, la Fiscalía investiga una negociación inmobiliaria que Roa habría realizado antes de asumir la presidencia de la petrolera estatal. Se trata de un apartamento ubicado en el sector de Chicó, en el nororiente de Bogotá.
Según la hipótesis del ente investigador, Roa habría adquirido el inmueble por 1.800 millones de pesos, pese a que su valor comercial era de aproximadamente 2.727 millones de pesos.
La Fiscalía sostiene que existió una diferencia de 927 millones de pesos, equivalente al 34 % del valor comercial del apartamento.
El inmueble fue adquirido a Juan Mancera, empresario del sector de hidrocarburos. Roa habría ejercido posteriormente influencia sobre el presidente de Hocol en relación con un proyecto de regasificación que, según la Fiscalía, habría favorecido los intereses particulares de Mancera.
Para el ente acusador, la negociación del apartamento y las actuaciones posteriores de Roa estarían relacionadas. La diligencia se llevará a cabo ante el Juzgado Sexto de Conocimiento de Bogotá.