Ministro de Vivienda confirma que $100 mil millones se destinarán a subsidios de arrendamiento

El Gobierno nacional anunció cuáles serán las medidas para atender a los hogares que perdieron sus viviendas o que no pueden regresar a ellas debido a los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

Tras el consejo de ministros de este miércoles 19 de agosto, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, confirmó la firma del decreto de emergencia económica, una medida con la que el Gobierno busca acelerar la atención en los territorios más afectados.

“Hemos firmado el decreto de emergencia económica, lo cual nos va a permitir llegar la próxima semana con resultados a cada uno de los territorios. Son muchas las necesidades, pero hoy fue un día muy productivo con gremios y sectores, pero sobre todo este consejo de ministros”, aseguró Beltrán.

Uno de los anuncios centrales fue la destinación de 100.000 millones de pesos para subsidios de arrendamiento dirigidos a las familias damnificadas. Según el ministro, el proceso de caracterización continúa en los departamentos más afectados, una etapa determinante para definir quiénes podrán acceder a esta ayuda.

Beltrán explicó que tres de los cinco departamentos con mayores afectaciones avanzan en el levantamiento de información. En el caso de Cali y Risaralda, señaló que todavía es necesario completar el retiro de escombros para culminar la caracterización de las zonas afectadas.

Se prevé que, una vez finalice este proceso, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) iniciará la implementación del subsidio de arrendamiento, con el propósito de brindar una alternativa temporal a los hogares que no pueden permanecer en sus viviendas.

El Ministro de Vivienda también destacó que más empresas se han vinculado al Banco de Materiales, una iniciativa que busca sumar al sector privado al proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

Aunque el Gobierno todavía debe definir el procedimiento para solicitar y entregar estos recursos, uno de los puntos centrales será que las familias estén incluidas en los registros oficiales de damnificados.

La información recopilada por las alcaldías, gobernaciones, la UNGRD y el Ministerio de Vivienda permitirá establecer cuáles hogares resultaron afectados y cuál es la condición de sus viviendas.

Además de identificar a las familias, las autoridades deberán determinar el nivel de afectación de cada inmueble mediante evaluaciones técnicas. Estas revisiones permitirán establecer si una vivienda presenta daños que comprometen su seguridad, si sufrió un colapso o si, aunque permanezca en pie, no puede ser habitada.