La Defensoría del Pueblo emitió durante este viernes 4 de septiembre del 2026 una alerta temprana que cobija a la cabecera municipal de El Bagre, Antioquia, y sus corregimientos de Puerto López y Puerto Claver.
De acuerdo con la entidad, las comunidades que viven en estas áreas se encuentran en riesgo por la disputa entre el Clan del Golfo y el Bloque Magdalena Medio. El riesgo es principalmente crítico para los pueblos indígenas Zenú (resguardos Los Almendros y Brojolá) y comunidades afrocolombianas.
El conflicto entre los dos grupos armados ilegales se centra en el control de zonas estratégicas para sus rentas, derivadas de la minería en la serranía de San Lucas y sectores como Guamocó y Mina Nueva.
Entre los actos de violencia en que han incurrido estos grupos están el uso de drones con explosivos, que se ha intensificado desde el pasado mes de junio, combates, asesinatos selectivos y otras formas de control armado, que han llevado a desplazamientos y confinamientos.
En junio pasado, por ejemplo, luego de un ataque en el que fueron lanzados 12 drones con explosivos, 61 familias tuvieron que desplazarse.
“Adicional a ello, ha habido asesinatos selectivos y violencia contra personas socialmente marginadas, a quienes se les acusa de colaborar con el bando contrario”, afirma la Defensoría.
Los grupos armados ilegales han llegado a imponer un control férreo sobre la población, incluida la prohibición de tránsito de personas después de las 6:00 p. m. en vías rurales, y exigen el pago de “vacunas” equivalentes al 10 % de la producción de oro.
La alerta temprana formula 14 recomendaciones para que las autoridades actúen de manera articulada y urgente frente a la amenaza y adopten medidas efectivas para proteger a la población.
“Todas tienen como finalidad implementar acciones de disuasión e investigación de los factores de amenaza, mitigación de las vulnerabilidades detectadas, prevención de violaciones a los derechos humanos y al DIH, protección diferencial de las poblaciones en riesgo y el fortalecimiento de las capacidades institucionales y sociales existentes. Es por ello que las entidades deben adoptar estas recomendaciones bajo un enfoque de seguridad humana", advirtió este Ministerio Público.
La Defensoría del Pueblo puntualizó aclarando que hará seguimiento a estas recomendaciones bajo un enfoque de seguridad humana, en el que el Estado será instado para que emita una respuesta articulada a esta crisis humanitaria con el propóstio de garantizar una protección efectiva a la vida y el tejido social en El Bagre.
*Con información de Colprensa y redacción de El País