Defensoría pide revisar nombramientos de personas vinculadas a procesos por presunta violencia de género

La Defensoría del Pueblo instó al Estado colombiano a actuar con debida diligencia al elegir a quienes ocupan cargos de alta responsabilidad pública, ante recientes nombramientos de personas que enfrentan denuncias o procesos relacionados con presuntos hechos de violencia contra las mujeres.

A través de un comunicado oficial, la entidad expresó su preocupación por varias designaciones y posibles vinculaciones a cargos de alta responsabilidad en entidades del Estado.

Entre los nombramientos que le generan preocupación a la institución está la designación de un asesor en el Ministerio de Cultura. La Defensoría señaló que el hombre enfrenta un proceso penal por presuntos hechos de violencia sexual ocurridos mientras ejercía funciones diplomáticas en Chile.

Asimismo, conoció la información sobre la posible vinculación de un general en retiro a un cargo directivo de seguridad en Ecopetrol, mientras este afronta un proceso relacionado con presunto acoso sexual.

Además, se suma el nombramiento del presidente de Coljuegos, reiterando que contra este sujeto existe una denuncia por presuntos hechos de violencia intrafamiliar y violencias basadas en género.

“Corresponde a la justicia determinar las responsabilidades penales y se debe respetar la presunción de inocencia. Sin embargo, esto no exime al Estado de actuar con debida diligencia frente a las violencias contra las mujeres al decidir quién ocupa cargos de alta responsabilidad pública”, reiteró la Defensoría.

En ese sentido, el organismo explicó que estas decisiones pueden influir en la percepción de las mujeres que ya han denunciado hechos de violencia y de aquellas que están considerando hacerlo.

“Los nombramientos envían mensajes. ¿Qué mensaje reciben las mujeres que han denunciado cuando sus denuncias parecen no tener relevancia para quienes toman estas decisiones? ¿Y qué mensaje reciben aquellas que están pensando en denunciar? No podemos pedir a las mujeres que denuncien y, al mismo tiempo, actuar como si sus denuncias no importaran", se lee en el comunicado.

Ante este panorama, el organismo informó que tiene documentado que las violencias contra las mujeres pueden afectar su salud mental, autonomía, seguridad y proyectos de vida, ya que el temor a represalias, la revictimización y las barreras para acceder a la justicia y la protección pueden agravarse cuando las instituciones no ofrecen respuestas oportunas y efectivas.

“El Estado no puede promover campañas de prevención, adoptar protocolos y pedirles a las mujeres que confíen en las instituciones, mientras sus decisiones sobre quién ejerce el poder público transmiten mensajes contrarios a esos compromisos”, aseveró.

Finalmente, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno nacional y a las entidades del Estado a revisar los nombramientos y las posibles vinculaciones mencionadas en aras de dar un mensaje coherente de tolerancia cero con la violencia de género, adoptando criterios claros, públicos y consistentes para estos nombramientos, que consideren la gravedad de los hechos denunciados, el estado de las actuaciones, la naturaleza del cargo, los posibles conflictos de interés y los riesgos de presión, represalias o revictimización para las denunciantes.