La Defensoría del Pueblo dio a conocer su más reciente Boletín de Movilidad Humana, en el que advierte que en Colombia, entre enero y junio del 2026, hubo 83 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron alrededor de 15.960 personas.
Además, 64.787 personas fueron restringidas en su movilidad durante 44 eventos de confinamiento.
En ese sentido, durante este primer semestre del 2026, los departamentos con mayor número de personas desplazadas fueron Norte de Santander, Cauca, Nariño, Antioquia y Magdalena. Putumayo, Caquetá, Chocó y Cauca fueron los más afectados por confinamiento.
Según el Ministerio Público, en junio se documentó 12 eventos de desplazamiento, con 2.742 personas afectadas, y seis eventos de confinamiento que impactaron a 3.190 personas. Las comunidades indígenas y afrodescendientes continúan afectadas en su vulnerabilidad con la persistencia de estas dinámicas.
“Las autodenominadas AGC o EGC, el ELN, las disidencias de las extintas FARC y las autodenominadas ACSN son los grupos con presencia en los territorios en donde se han presentado estos eventos de confinamiento y sus principales conductas, identificadas como posibles causas de estas situaciones, son las amenazas, los combates, el contacto armado, los hostigamientos y los ataques con drones”, asegura la Defensoría del Pueblo.
El Boletín de Movilidad Humana advierte que se debe reforzar la articulación interinstitucional y las medidas de protección en los territorios con mayores riesgos para la población en movilidad humana. Además, instan a tomar acciones de atención humanitaria y activar rutas y protección diferenciada para niñas, niños, adolescentes, mujeres gestantes y pueblos étnicos.
“Al Ministerio del Interior, a las gobernaciones y alcaldías municipales, fortalecer la articulación interinstitucional para la activación oportuna de las rutas de prevención, protección y atención, garantizando la concurrencia y subsidiariedad entre los diferentes niveles de gobierno cuando la capacidad de respuesta territorial resulte insuficiente”, se lee en el informe.
Asimismo, la Defensoría solicitó una coordinación entre la Unidad para las Víctimas y las unidades territoriales para dar garantías a la entrega de ayuda humanitaria inmediata y brindar subsidios a municipios que no cuentan con capacidad técnica, administrativa o financiera para atender las emergencias humanitarias.
De otro lado, el análisis hace un balance de la situación de los colombianos deportados desde el exterior. Entre enero y junio del presente año, alrededor de 1.663 personas llegaron al país mediante 17 vuelos provenientes de Estados Unidos, Chile y España.
“Mediante entrevistas voluntarias, la entidad constató que el 66 % de las personas migró en busca de empleo o mejores ingresos y que más del 22 % lo hizo por razones relacionadas con el conflicto armado, la inseguridad o las amenazas. El 83 % manifestó su intención de regresar a su lugar de origen tras retornar al país. El monitoreo permitió identificar casos en los que se evidencian condiciones inadecuadas de salud, alimentación, hacinamiento, maltrato verbal o psicológico y violencia física en el proceso de deportación”, explicó la entidad.