¿Cambios en la guerra? El confinamiento impactó a 20.765 personas en los dos primeros meses de 2026 y triplicó al desplazamiento

El confinamiento en meses recientes se ha convertido en uno de los principales flagelos para miles de ciudadanos víctimas del conflicto armado en Colombia, ya que, a pesar de que es menos visible que el desplazamiento forzado, su impacto superó a más del triple de personas en 2026.

Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y febrero del presente año hubo tres eventos de confinamiento y 20.765 personas resultaron damnificadas, mientras que ocurrieron 22 desplazamientos forzados que afectaron a 6006 colombianos.

De acuerdo con el boletín de Movilidad Humana, publicado por esta entidad de control, el aumento en el confinamiento muestra la transformación de las dinámicas del conflicto armado en diferentes regiones del país, pues no se trata solo de expulsar a los ciudadanos de sus territorios, sino de mantenerlos restringidos al interior de los mismos.

“La entidad registró el desplazamiento en Magdalena, Norte de Santander, Cauca, Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca y Vichada, y el confinamiento lo identificó en Caquetá, Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Chocó y Bolívar”, indicó la Defensoría del Pueblo.

Para el consultor en seguridad y paz, Felipe Fernández, los grupos al margen de la ley estarían optando por obligar a los ciudadanos a permanecer encerrados en lugar de desplazarlos con el fin de “mantener el control territorial e impulsar sus economías ilegales”.

El experto añadió que es costoso para estas estructuras ilegales desplazar a los ciudadanos, ya que estos mismos pueden serles útiles como mano de obra para sostener sus economías ilegales. Además, este delito “genera visibilidad mediática, activa respuesta institucional y, eventualmente, puede traducirse en pérdida del corredor territorial mismo”, explicó Fernández.

Por otra parte, el confinamiento le permite al grupo armado ilegal controlar los flujos de información y mantener bajo vigilancia a los habitantes sin llamar la atención de las autoridades, teniendo una baja visibilidad ante las alarmas humanitarias.

Cabe resaltar que la Defensoría del Pueblo señaló que hubo una reducción mensual en el confinamiento, puesto que pasó de 17.651 personas afectadas en enero a 3114 en febrero de 2026. Sin embargo, las cifras acumuladas dejan ver que la tendencia es persistente y podría ocurrir una expansión.

Además, se informó que estos hechos se relacionan directamente con el actuar delincuencial de las estructuras al margen de la ley para controlar los territorios.

Entre las causas señaladas por la institución se encuentran los homicidios, amenazas, reclutamiento de menores de edad, uso de minas antipersonal, actos terroristas e inclusive el uso de explosivos improvisados.

Por su parte, Jesús Salazar, analista en seguridad, sostuvo que para algunos colombianos el factor económico es un impedimento para salir de los territorios en conflicto, lo que contribuye al confinamiento. “El desplazamiento forzado no tiene las garantías o ventajas para que las personas decidan salir de sus casas”.

La Defensoría resaltó que el confinamiento tiene consecuencias sobre la vida de las comunidades, quienes no solamente ven restringido su derecho a la movilidad, sino también el acceso a los alimentos, servicios de salud, educación y al trabajo, lo que profundiza la vulnerabilidad en los territorios rurales.

Pacífico colombiano, una zona en riesgo

Los datos de la Defensoría del Pueblo señalan que departamentos como Cauca, Valle del Cauca y Chocó se ven especialmente afectados por eventos de confinamiento.

En el boletín de Movilidad Humana, las cifras señalan que, durante los dos primeros meses del año, el departamento de Caquetá, con más de 5000 personas afectadas, fue el más golpeado por el confinamiento; seguido por Antioquia, con 3836 ciudadanos damnificados; Cauca, con 3500; Norte de Santander, con 3000; Putumayo, con 2700; Chocó, con 1960; y Bolívar, con 739.

“En el ELN, las autodenominadas AGC y las disidencias de las extintas Farc son los grupos con presencia en los territorios donde han ocurrido eventos de confinamiento”, se agregó en el documento.

Salazar indicó que las zonas rurales de estos departamentos tienen en común que el acceso es complejo, ya que no hay carreteras pavimentadas y en muchos casos la manera de trasladarse es fluvial, lo que dificulta a los ciudadanos salir del territorio y para los grupos más fácil controlarlos. “Eso dificulta que la gente agarre una bicicleta, una moto o un carro para desplazarse a otra ciudad”.

Para Felipe Fernández, la lectura más plausible de este fenómeno es que los actores criminales están consolidando su control sobre los territorios más amplios y poblados, “lo que produce confinamientos de mayor alcance geográfico y demográfico por cada acción”.

Además, indicó que solo en cuatro departamentos: Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca se han documentado más de 91.000 personas afectadas por este flagelo entre 2025 y 2026; “esto sugiere concentración territorial del fenómeno en macrorregiones donde la disputa armada es más intensa”, puntualizó Fernández.

Por lo anterior, Jesús Salazar indicó que es vital fortalecer el control territorial del Estado, pues existen comunidades en las que los grupos ilegales son quienes toman decisiones, afectando a los civiles. “El problema de la gente es que la ciudadanía es la que está desprotegida. El Gobierno está en la obligación de brindarle la seguridad a cada ciudadano en todo el territorio colombiano”.