En un giro clave para uno de los procesos políticos y judiciales más sonados del país, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió desprenderse del expediente que cursaba en contra del exsenador y actual ministro del Interior, Armando Benedetti. El caso, relacionado con el denominado escándalo de los “recomendados” en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), fue remitido formalmente a la Fiscalía General de la Nación.
La determinación del alto tribunal se basó estrictamente en un asunto de competencias constitucionales. Tras evaluar las fechas de las presuntas irregularidades, los magistrados concluyeron que las conductas atribuidas a Benedetti habrían tenido lugar en el año 2024, momento en el cual él ya no ostentaba la calidad de senador de la República.
Su periodo constitucional en el legislativo finalizó formalmente el 19 de julio de 2022, por lo que el fuero penal especial que cobija a los congresistas ya no le es aplicable para este caso, trasladando la competencia directamente a la justicia ordinaria.
El origen del listado y el entramado en las aduanas
El escándalo estalló de manera oficial cuando Luis Carlos Reyes expuso ante la justicia un detallado seguimiento de presiones políticas y solicitudes burocráticas dentro de la entidad aduanera. Según los registros entregados, diversas figuras del entorno ejecutivo y legislativo acudieron a su despacho para gestionar de forma indebida el nombramiento de personal, conseguir traslados estratégicos o presionar ascensos en sedes críticas de la DIAN, con especial énfasis en zonas portuarias de alta vulnerabilidad al contrabando, tales como Buenaventura, Barranquilla y Cartagena.
En lo que respecta a Benedetti, el expediente enviado contiene evidencias de que el funcionario habría intentado influir en al menos cuatro oportunidades distintas, promoviendo hojas de vida de particulares para puestos específicos de aduanas. Entre las personas mencionadas en el rastreo judicial sobresalen nombres vinculados a movimientos de personal en la región Caribe. La principal sospecha de los investigadores radica en si estas movidas buscaban facilitar actividades de contrabando o promover redes de corrupción interna en las fronteras comerciales del país.
De manera paralela a la remisión del proceso de Benedetti, la Corte Suprema de Justicia dictó un auto de inhibición que archivó la indagación preliminar contra 32 congresistas y excongresistas que también figuraban en el listado de Reyes.
El tribunal argumentó que, si bien la DIAN recibió múltiples hojas de vida a través de sus enlaces legislativos convencionales, los nombramientos finales se ejecutaron bajo la discrecionalidad legal del Director General. Al no evidenciarse un condicionamiento o un quebrantamiento directo del principio de neutralidad por parte de los parlamentarios evaluados, no se logró configurar el delito de tráfico de influencias en sus casos específicos, dejando únicamente el expediente de Benedetti bajo la lupa activa de la Fiscalía.
Con información de Colprensa