En medio de la discusión que adelanta la Corte Constitucional sobre la ponencia del decreto de conmoción interior en el Catatumbo del Gobierno Nacional, la magistrada Cristina Pardo lanzó una alerta sobre el incremento de la violencia en el territorio colombiano.
Según la togada, el primer trimestre del 2025 ha sido uno de los más violentos para los firmantes de paz desde que se desmovilizaron en el 2017 de la antigua guerrilla de las Farc, cuando hicieron el proceso de entrega de sus armas luego del acuerdo firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos.
Pardo se basó en las más recientes cifras entregadas por la Unidad de Investigación de Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las cuales señalan que ha habido un incremento del 67 % de los homicidios, del 300 % de los desplazamientos forzados masivos y del 900 % en los casos de desaparición.
Dichos datos aumentaron comparados al mismo periodo del año 2024, según las cifras de la JEP y el Ministerio del Interior.
“El primer trimestre del 2025 ha sido el periodo más violento contra la población firmante del acuerdo de paz desde la suscripción del acuerdo. De hecho, en 2022 la tendencia de victimización presentaba una disminución significativa”, afirmó la magistrada Cristina Pardo en su intervención durante la audiencia de discusión de la ponencia.
Crisis humanitaria en el Catatumbo
En medio de la compleja situación de orden público en esta región ubicada en Norte de Santander, la magistrada Pardo señaló que la Sala Plena de la Corte Constitucional ha documentado seis casos de homicidios de firmantes de paz que sucedieron en enero, mes en que inició esta crisis.
Asimismo, se han reportado la desaparición de por lo menos otros siete firmantes de paz.
La magistrada también citó el informe más reciente de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas que asegura que entre las más de 54.800 personas que fueron desplazadas de manera forzada en el Catatumbo, 180 corresponden a firmantes del acuerdo de paz.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha reportado que hay seis firmantes de paz confinados y ocho cuyo paradero es desconocido hasta hoy en dicha región ubicada cerca a la frontera con Venezuela.
En medio de esta audiencia que se lleva a cabo en el alto tribunal, ha hecho su intervención el jefe de la misión de verificación de la ONU, Raúl Rosende, quien alertó que el asesinato de los firmantes de paz es el principal impedimento para que se implemente el acuerdo de paz que se firmó con las antiguas Farc.
“Se tratan de personas que en su gran mayoría han sido comparecientes de la JEP. (...) El hecho de que sus vidas hayan sido interrumpidas, pone de manifiesto la gravedad de la situación”, manifestó Rosende.