La delegada para Economía y Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República, Jenny Lindo, solicitó formalmente al contralor general, Jorge Eliécer Laverde, declarar como hechos de impacto nacional una serie de irregularidades fiscales detectadas en Fiduprevisora. La petición se centra en presuntas anomalías durante la gestión de recursos públicos en el gobierno anterior.
Entre los hallazgos principales destacan giros millonarios destinados a la atención médica de los docentes del país. Según Lindo, la dependencia a su cargo logró identificar “pagos que se realizaron a proveedores de salud del FOMAG por más de 4.4 billones de pesos sin evidencias ni soportes”.
Transferencias objetadas y diferencias en contratos estatales
El informe técnico expuesto por la delegada de la Contraloría también puso en evidencia inconsistencias en el manejo presupuestal de otros fondos administrados por la entidad fiduciaria. En las revisiones periódicas se hallaron “diferencias presupuestales relacionadas en las liquidaciones de los contratos de la Administración del FOMPET”, sostuvo la funcionaria.
A este panorama se suman giros irregulares efectuados a compañías de servicios públicos domiciliarios con balances financieros críticos. La delegada Lindo advirtió sobre “transferencias por encima de los 17 mil millones de pesos a empresas de acueducto y energía con patrimonios negativos y objetados por el mismo revisor fiscal de la fiduprevisora y que, a pesar de ello, se realizaron”.
Alcance de la declaratoria e investigaciones previas
La solicitud para elevar estos casos a la categoría de impacto nacional busca otorgar facultades especiales a los equipos auditores del organismo de control. Sobre este procedimiento, Jenny Lindo destacó que “esta declaratoria implica que se podrá proceder con mayor celeridad, profundidad, garantía y custodia de la información” requerida en los procesos fiscales.
Estos hallazgos en Fiduprevisora se suman a las auditorías del denominado ‘Libro de la Verdad’, presentado en el empalme anticorrupción de 2026, el cual reportó hallazgos fiscales en el FOMAG por $81.593 millones en 2024 y $176.795 millones en 2025. Asimismo, el informe previo registró operaciones inconsistentes de Findeter por $328.000 millones dirigidos a la empresa Air-e.
La decisión final sobre la declaratoria quedará en manos del contralor general, Jorge Eliécer Laverde, para agilizar los procesos de responsabilidad fiscal. El seguimiento a los giros del FOMAG resulta clave para garantizar la transparencia financiera y la prestación del servicio de salud al magisterio nacional.
Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País.