Los miembros del Concejo Municipal de El Patía expidieron la Resolución No. 001 de 2026, mediante la cual manifiesta su rechazo categórico a la erradicación de cultivos ilícitos, a través del método de aspersión terrestre con glifosato, al considerar que esta práctica genera graves impactos en la salud humana, el ambiente y la economía campesina de esta zona del sur del departamento.
La decisión fue adoptada luego de conocerse la notificación del Ministerio de Defensa Nacional y de la Dirección de Antinarcóticos, relacionada con la modificación del Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos por Aspersión Terrestre con Glifosato, Pecat, aprobada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla.
Según el Concejo de este municipio, dicho proceso se adelantó sin una adecuada socialización ni la participación de las comunidades, organizaciones sociales y autoridades locales, falta que atenta contra el derecho a participar en las tomas de decisiones que están relacionadas con sus territorios.
En la resolución, el Concejo resalta que el municipio de El Patía cuenta con una alta riqueza ambiental y biodiversidad, además de importantes fuentes hídricas como son los ríos Patía y Guachicono, las cuales podrían verse seriamente afectadas por el uso de químicos tóxicos como el glifosato.
Asimismo, advierte sobre los riesgos para cultivos de pancoger y productos agrícolas fundamentales para la economía local, como el maíz, la yuca, el café, el cacao, el plátano y el limón, entre otros.
La corporación también hizo énfasis en las denuncias históricas de las comunidades campesinas, las cuales señalan afectaciones a la salud, al ambiente y a la producción de alimentos como consecuencia de las fumigaciones.
En ese sentido, el Concejo considera que la erradicación forzada no ha sido una estrategia efectiva para reducir los cultivos ilícitos y, por el contrario, ha profundizado la pobreza y la desigualdad en las zonas rurales.
“De ahí que insisten en que se debe trabajar en la posibilidad de adelantar los planes voluntarios y graduales de sustitución de cultivos de uso ilícito, como bien lo planteó el actual gobierno y lo pactó con los campesinos del sur del Cauca”, expresó Francisco Iles, líder social de este municipio.
Por ello, el Concejo Municipal solicitó al jefe de Estado, Gustavo Petro, suspender los trámites para la reanudación de las aspersiones terrestres y redirigir sus esfuerzos al fortalecimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución Voluntaria, garantizando cobertura, apoyo financiero e institucional a todas las familias campesinas que han manifestado su voluntad de transitar hacia economías legales.
Finalmente, la resolución exhorta al Estado colombiano a avanzar en la construcción de una política pública de Reforma Rural Integral que promueva una producción agroecológica, proteja la salud humana y ambiental, y garantice el derecho a una vida digna para las comunidades campesinas del país.