Las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de la zona rural del municipio de Morales, en el Cauca, coinciden en una idea común: la construcción de la paz en sus territorios pasa necesariamente por la sustitución gradual y voluntaria de los cultivos de uso ilícito, siempre y cuando este proceso esté acompañado de inversión social del Estado inmediata en sus veredas y corregimientos.
De ahí que los líderes comunitarios aseguren que, aunque la coca ha representado durante años una fuente de ingresos para miles de familias, también ha traído consigo dificultades, estigmatización, incluso, confrontación armada.
Por ello, reiteran su disposición a transformar el modelo productivo del territorio, pero advierten que el cambio solo será posible si el Estado garantiza condiciones dignas de vida, representadas en construcción de vías, sistemas de comercialización para sus cosechas, educación y hasta acceso a los medios de comunicación.
“Somos conscientes de que hay que cambiar la forma de cosechar. Con la coca se obtiene dinero, pero no tranquilidad. Este cultivo no evita la confrontación y, por el contrario, nos ha señalado como narcotraficantes, cuando aquí en Morales hay cerca de 5.000 trabajadores del campo que solo buscan tener un ingreso.
Acá sabemos qué es sacar adelante nuestras familias en medio de tantas dificultades, por eso estamos listos para transitar hacia economías lícitas, pero necesitamos inversión real: escuelas, vías, plazas de mercado, electricidad y oportunidades comerciales”, afirmó César Emilio Pillimué, líder social de este municipio.
Con el objetivo de avanzar en esa propuesta, alrededor de 5.000 campesinos cultivadores de coca se congregaron en el salón comunal de la vereda de La Unión–Hatillo del consejo comunitario La Fortaleza, donde acordaron presentar de manera unificada al Gobierno Nacional una iniciativa de sustitución voluntaria. Son por lo menos 155 hectáreas de coca que se comprometen a transformar en plantaciones de café, plátano, cítricos y otros productos agrícolas que se dan en esta zona del departamento del Cauca.
“Acá solo nosotros sabemos cómo hacer florecer la tierra, porque tenemos el conocimiento para trabajarla, por eso ante el escenario de imposición de los Estados Unidos de venir a fumigar, nosotros desde ya trabajamos para evitar la confrontación.
Nosotros estamos cansados de la violencia, por eso nos unimos desde ya a la propuesta de hacer el salto hacia los cultivos legales, pero que nos cumplan y apoyen, no es arrancar por arrancar”, expresaron los diferentes líderes y lideresas de esta zona del Cauca, donde prácticamente la economía gira alrededor de esta clase de cultivos de uso ilícito.
De ahí que la propuesta busque no solo contribuir a la reducción de las matas de coca en esta zona del Cauca, sino también exigir el cumplimiento efectivo del Estado en materia de inversión social real e inmediata.
“Que nos terminen de construir las carreteras, las sedes de las escuelas y de la universidad pública que necesiten nuestros jóvenes, que nos apoyen a fortalecer los canales de distribución y venta para el plátano y la yuca que vamos a sembrar, porque ganamos en llenar a Morales de estos productos cuando no se pueden llevar a las plazas de mercado de las grandes ciudades”, agregaron estos campesinos que tienen claro que deben contribuir a detener el daño que produce la droga en sus territorios y el mundo.
Por eso, las comunidades insistieron en que están dispuestas a ser parte de la solución, siempre que las políticas públicas lleguen de forma concreta a los territorios históricamente abandonados y golpeados por el conflicto.
“Que en nuestros territorios se materialicen ya los beneficios de una reforma agraria integral, donde nosotros como campesinos seamos los protagonistas para construir una política comunitaria de seguridad alimentaria real; no es imponer por imponer, es de concertar y de asumir compromisos.
Acá en Morales, nosotros, los trabajadores de la tierra, actuamos desde ya para transformar nuestros territorios, por eso esta gran convención en La Unión-Hatillo”, agrega César Emilio Pillimué, uno de los representantes de estas comunidades, las cuales se reunieron durante gran parte de este lunes 2 de febrero para que esa propuesta de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos llegue a todas las instancias del Gobierno Nacional.