El Gobierno de Colombia respondió al anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre la eliminación de los aranceles que ese país venía aplicando a productos colombianos y aseguró que la medida no corresponde a un acto de buena voluntad, sino al cumplimiento de obligaciones internacionales ordenadas por la Comunidad Andina (CAN).
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la decisión ecuatoriana, que entrará en vigor el próximo 1 de junio de 2026, debe entenderse como resultado de las resoluciones expedidas por la Secretaría General de la CAN, las cuales ordenaron la eliminación de los aranceles y otras restricciones al comercio bilateral.
La Cancillería afirmó que vincular esta decisión a coyunturas políticas o electorales “desdibuja su fundamento jurídico e institucional” y puede afectar la confianza de los sectores productivos y el desarrollo de las relaciones entre ambos países.
Colombia cuestiona las declaraciones de Noboa
En el comunicado, el Gobierno colombiano manifestó su preocupación por declaraciones públicas que, a su juicio, podrían dar a entender que decisiones comerciales con impacto en trabajadores, empresarios y comunidades fronterizas están siendo utilizadas en el marco de dinámicas político-electorales.
“Las decisiones comerciales que afectan el bienestar de las poblaciones fronterizas y el desempeño de los sectores productivos deben estar guiadas exclusivamente por criterios técnicos, jurídicos e institucionales”, señaló la Cancillería.
Además, sostuvo que la eventual utilización de medidas económicas durante campañas o debates electorales puede generar incertidumbre y afectar la confianza entre los agentes económicos.
Colombia habla de una “injerencia” en el proceso electoral
Uno de los apartados más contundentes del pronunciamiento fue el relacionado con el proceso electoral colombiano.
El Gobierno expresó su “categórico rechazo” a lo que calificó como una presentación engañosa de la eliminación de los aranceles y aseguró que la medida responde a las órdenes emitidas por la Comunidad Andina.
Asimismo, consideró que las declaraciones realizadas desde Ecuador constituyen una intervención indebida en asuntos internos de Colombia.
“Esta intromisión de un mandatario extranjero en el devenir democrático de otro Estado constituye una flagrante conculcación del principio de no intervención en los asuntos internos, una amenaza a la soberanía nacional y un atentado al sistema democrático”, indicó el documento. “Colombia reafirma que los asuntos comerciales y de integración deben permanecer al margen de consideraciones político-electorales y gestionarse con estricto respeto por la soberanía de los Estados, el principio de no injerencia y el cumplimiento de los compromisos internacionales”.