Nacida en Cali y graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad San Buenaventura, la magistrada Xiomara Cecilia Balanta Moreno se refirió a la manera en la que el conflicto armado en Colombia amenazó la existencia física, cultural y tradicional de las minorías étnicas en el país.
“Desde el inicio de la JEP, hemos aprendido que no es posible comprender el conflicto armado colombiano sin escuchar a quienes históricamente fueron relegados a los márgenes de la historia oficial. Por eso, investigar y juzgar los crímenes cometidos contra los pueblos étnicos no es una tarea complementaria de la justicia transicional; es una condición indispensable para construir una paz verdadera”, inició la magistrada.
Con ese propósito, resalta la magistrada Balanta, “la JEP abrió el Caso 09, que investiga los crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos. Su apertura constituyó un hito porque reconoció que los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y Rrom no fueron víctimas accidentales de la guerra, sino que sufrieron afectaciones diferenciadas que pusieron en riesgo su existencia física, cultural y espiritual”.
“Para estas comunidades, el Caso 09 ha significado la posibilidad de que su experiencia sea comprendida en toda su complejidad. El conflicto armado se desarrolló sobre territorios que ya cargaban el peso del racismo estructural, la exclusión y el abandono estatal. Cuando la guerra llegó, encontró territorios considerados estratégicos por su riqueza ambiental, minera o portuaria, así como por su ubicación geográfica”.
Asegura la magistrada que en medio del conflicto no se atacó únicamente a personas: “también se atacaron formas de vida, sistemas de conocimiento, prácticas culturales, autoridades propias y vínculos comunitarios construidos durante generaciones. La discriminación no fue un fenómeno paralelo al conflicto; en muchos casos, fue una de las condiciones que permitió que la violencia se ejerciera con mayor intensidad y durante más tiempo”.
“Una de las mayores enseñanzas del Caso 09 ha sido comprender que las afectaciones sufridas por los pueblos afrodescendientes no pueden medirse únicamente en cifras de homicidios, desplazamientos o desapariciones. También se expresan en la interrupción de prácticas culturales, en el silenciamiento de saberes ancestrales, en la ruptura de las formas de autogobierno y de justicia propia y en el debilitamiento de los lazos comunitarios que históricamente les ha permitido resistir en medio de la adversidad”.
Agrega que es ahí donde radica la importancia de la justicia restaurativa. “Escuchar a las víctimas en sus propios territorios transforma la manera en que entendemos el daño y concebimos la reparación. La verdad deja de ser un relato construido desde los expedientes y se convierte en una conversación con quienes han sostenido la memoria colectiva durante décadas. Allí, en los consejos comunitarios, en las asambleas y en la palabra de los mayores y las mayoras, la justicia encuentra elementos que ningún documento judicial podría revelar por sí solo”.
“Ese diálogo también nos ha permitido reconocer y articularnos con las expresiones de justicia propia y los sistemas de autoridad de los pueblos étnicos, entendiendo que la construcción de verdad y la reparación requieren escuchar las formas en que las propias comunidades comprenden el daño, la responsabilidad y la restauración del tejido colectivo”.
Indicó finalmente la magistrada Balanta Moreno que “por eso, la defensa de la paz y de la justicia transicional es, en el fondo, la defensa de la dignidad humana. Colombia mantiene una deuda histórica con los pueblos afrodescendientes, raizales y palenqueros, una deuda que no comenzó con el conflicto armado ni terminará únicamente con la firma de un acuerdo de paz”.
“Saldarla exige reconocer la verdad, garantizar la justicia y construir reparaciones que transformen las condiciones que hicieron posible la violencia. Esa es la apuesta que hacemos cada día y una de las razones más profundas para seguir defendiendo la JEP como un escenario indispensable para la reconstrucción del tejido social, el reconocimiento de las víctimas y la garantía de justicia para contribuir a la construcción de un país donde podamos vivir en paz”.