JEP exige al Gobierno firmar decreto de sanciones antes de terminar el mandato

El secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, Harvey Danilo Suárez, oficializó un recurso de insistencia para que el Gobierno expida el decreto sobre las condiciones de cumplimiento de las sentencias antes de finalizar su mandato, declaración emitida este viernes ante la delegación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que evaluó en terreno los desafíos de las sanciones restaurativas en Colombia.

Durante la novena sesión de la Instancia de Articulación (Insart), Suárez advirtió sobre los riesgos que corre la implementación de los fallos judiciales debido al cambio de administración gubernamental. El funcionario subrayó la necesidad de asegurar el marco jurídico antes del cierre del actual periodo presidencial.

“Este gobierno está a pocos meses de terminar su gestión y la historia de las políticas públicas nos muestra que hay temas que se quedan en el camino”, sentenció Suárez ante los delegados internacionales.

El secretario ejecutivo argumentó que el recurso busca garantizar “las condiciones necesarias para materializar las sanciones impuestas” y proteger la independencia de la Jurisdicción en el actual contexto electoral.

“Hago público un ‘recurso de insistencia’ para que el gobierno expida el decreto sobre las condiciones transversales para el cumplimiento de las sentencias y podamos avanzar”, concluyó el funcionario.

La delegación de la Corte Penal Internacional, encabezada por Jonathan Agar, jefe de Asuntos Externos, y la oficial jurídica Eugenia Valenzuela, revisó el contenido de las tres primeras sanciones impuestas a máximos responsables de crímenes de guerra.

Aunque calificaron a Colombia como un “referente mundial” en justicia transicional, los diplomáticos señalaron que constataron directamente los “esfuerzos y desafíos” existentes para la implementación de las Sanciones Propias.

Agar y Valenzuela confirmaron que la Fiscalía de la CPI mantendrá el seguimiento sobre la ejecución de estas penas, las cuales incluyen trabajos y obras con contenido reparador. La revisión se centró en los proyectos restaurativos del Caso 01, contra el último Secretariado de las Farc-EP por secuestros, y el Subcaso Costa Caribe del Caso 03, sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate.

El Gobierno reconoció las trabas operativas para ejecutar lo ordenado por los jueces transicionales. Juan David Villalba, director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, admitió las discrepancias entre los ritmos de la justicia y la burocracia estatal.

“A veces es difícil acompasar los tiempos judiciales con los tiempos de la administración pública, pero eso es lo que hemos estado trabajando”, explicó Villalba. El director anunció que formularon siete proyectos restaurativos que iniciarán su financiación y ejecución el próximo mes de abril.

Por su parte, Sara Rodríguez, directora encargada de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, remarcó que la viabilidad del modelo depende de los recursos. “La justicia restaurativa exige coordinación, compromiso y acción”, afirmó Rodríguez, quien solicitó mecanismos de monitoreo para convertir las decisiones judiciales en “ejecución estatal real”.

El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, recordó que el Estado colombiano adquirió obligaciones específicas con la CPI en 2021. Ramelli explicó que el acuerdo vigente compromete al país a “preservar el marco legal y constitucional” y a “garantizar las asignaciones presupuestarias requeridas” para el funcionamiento del tribunal.

El magistrado insistió en que las sentencias deben estar soportadas en proyectos que garanticen “condiciones de seguridad y habitabilidad” para los comparecientes, requisitos indispensables para el restablecimiento de los derechos de las víctimas.