La muerte de Valeria Afanador, niña de 10 años desaparecida en Cajicá mientras estaba en su colegio y encontrada sin vida 18 días después en una zona contigua al río Frío, continúa generando conmoción nacional y fuertes cuestionamientos sobre la seguridad en los entornos escolares.
Este domingo 31 de agosto, día en el que se llevaron a cabo sus exequias, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que la institución educativa donde estudiaba la menor, el Gimnasio Campestre los Laureles, enfrenta una investigación que incluso podría derivar en su cierre.
En diálogo con el medio Alerta Bogotá, Rey explicó que la Gobernación abrió un proceso para determinar si el colegio cumplía o no con el plan de gestión del riesgo, un requisito que, de no haberse implementado adecuadamente, podría constituir una falla grave.
“Es un proceso que, de comprobarse ineficiencias o fallas en la aplicación del plan de gestión del riesgo de la institución educativa, las decisiones pueden llegar hasta decretar el cierre del establecimiento”, aseguró el mandatario departamental.
El futuro de la institución, sin embargo, también depende de lo que determine el dictamen de Medicina Legal, que esclarecerá las causas de la muerte de Valeria. Si se concluye que la niña estuvo sumergida durante 18 días sin signos de violencia, se consideraría un accidente.
En ese escenario, explicó Rey, las responsabilidades podrían ser diferentes, aunque de todas formas habría consecuencias en materia de prevención y protocolos escolares.
La Gobernación subrayó que todos los colegios deben garantizar la integridad de los estudiantes mediante la implementación de protocolos claros y efectivos. “Lo que hacemos en nuestro proceso de inspección, vigilancia y control es hacerle seguimiento a todas las denuncias o quejas que existan acerca del indebido proceder de las instituciones educativas públicas o privadas”, explicó el gobernador.
El caso reviste particular atención porque el colegio no tenía antecedentes negativos ni quejas previas en los entes de control. Según el mandatario, hasta ahora no existían registros que hubieran motivado una inspección anterior. Sin embargo, la desaparición y posterior hallazgo de Valeria obligan a revisar a fondo si la institución cumplía con todos los protocolos de seguridad que exige la normatividad.
De hecho, el abogado defensor de la familia de Valeria, Julián Quintana, se mostró a favor de esa posible decisión con un mensaje en sus plataformas digitales:
Rey también recalcó que el caso es una alerta sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección en todas las instituciones educativas de Cundinamarca y del país. “No quisiéramos que lo que le ocurrió a Valeria pudiera seguir ocurriendo a más niños que estén allí o en algún otro establecimiento educativo”, señaló.
La investigación no solo busca establecer eventuales responsabilidades, sino también enviar un mensaje claro, la seguridad de los menores es prioritaria y los colegios deberán garantizar condiciones plenas de protección para evitar tragedias similares.