En Colombia, la obligación de garantizar alimentos a hijos e hijas no solo está respaldada por la Constitución, sino también por el principio de solidaridad familiar establecido en la ley. Este deber cobija a padres de hijos biológicos, adoptivos y de crianza, y busca asegurar condiciones básicas de vida para menores y personas dependientes.
Actualmente, el incumplimiento de esta responsabilidad puede derivar en procesos judiciales e incluso en sanciones penales, pues la inasistencia alimentaria es considerada un delito en el país. Las consecuencias incluyen multas y penas de prisión, especialmente cuando los afectados son menores de edad.
Además, existe el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), mecanismo creado para identificar a quienes incumplen con esta obligación. Según explicó la senadora Angélica Lozano, “el Redam requiere el incumplimiento de tres o más cuotas alimentarias (consecutivas o no) para su registro como deudor. Si la deuda es por 38 meses, procede la inscripción inmediata por ley”.
De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la Nación, cada año se presentan entre 16.000 y 70.000 denuncias relacionadas con inasistencia alimentaria. Del total de personas denunciadas, cerca del 86 % son hombres y el 7,7 % mujeres, panorama que, según los promotores de la iniciativa, refleja que en muchos casos las madres terminan asumiendo solas el cuidado y sostenimiento de los menores.
Frente a esta situación, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley Estatutaria No. 497 de 2025, que propone la creación de un proceso único especial de amparo alimentario. La iniciativa, impulsada por congresistas como Angélica Lozano y Jenifer Pedraza, quedó a un debate de convertirse en ley.
En la actualidad, los procesos relacionados con cuotas alimentarias se manejan de manera separada. Existen trámites para fijar la cuota por primera vez, solicitar aumentos o reducciones, pedir exoneraciones y ejecutar cobros por incumplimiento.
Con el nuevo proyecto se busca unificar estos procedimientos para permitir respuestas más rápidas ante el incumplimiento. La propuesta pretende que las autoridades puedan actuar desde la primera falta de pago y no únicamente cuando las deudas ya se hayan acumulado durante meses.
Las sanciones para quienes incumplen pueden incluir embargos sobre salarios, cuentas bancarias y bienes inmuebles. Asimismo, las personas inscritas en el Redam pueden enfrentar restricciones para ejercer cargos públicos, salir del país o acceder a créditos financieros.
Los ponentes de la iniciativa señalaron que el avance del proyecto hacia su último debate representa un paso importante para fortalecer la protección del derecho de alimentos de quienes no pueden garantizar por sí mismos su subsistencia y dependen del respaldo familiar establecido por la ley.