Con base en información revelada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, avanzan las investigaciones contra la banda criminal conocida como PPP, un grupo señalado de ejecutar acciones de vandalismo y terrorismo en distintos puntos de la capital, especialmente en zonas aledañas a universidades públicas.
Las autoridades han puesto el foco en este grupo tras una serie de hechos violentos que, según la administración distrital, representan una amenaza grave para la seguridad ciudadana y el orden público.
Teniendo en cuenta este contexto, fue durante una entrevista con un medio de comunicación nacional, que, el mandatario distrital entregó detalles considerados clave dentro del proceso investigativo.
Según afirmo Galán, existen indicios que apuntan a que la financiación de las actividades del grupo PPP no tendría su origen en Bogotá, sino que estaría relacionada con estructuras armadas ilegales que operan a nivel nacional.
En ese sentido, explicó que se investiga un posible canal mediante el cual recursos económicos estarían llegando desde Medellín para sostener las acciones delictivas que se han registrado en la capital.
Aunque fue enfático en señalar que será la justicia la encargada de confirmar o descartar cualquier vínculo directo, el alcalde indicó que los elementos recopilados hasta ahora resultan preocupantes.
Entre ellos, mencionó las formas de propaganda, los métodos de reclutamiento y el uso de símbolos como banderas rojas y blancas, que coincidirían con prácticas utilizadas por organizaciones armadas ilegales que actualmente son objeto de investigación por parte del Estado.
Galán sostuvo que los indicios se mueven en dos posibles direcciones. Por un lado, se analiza la hipótesis de una eventual financiación por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, por otro, de las disidencias conocidas como las de ‘Calarcá’.
De acuerdo con el alcalde, el propósito de estos recursos ilegales sería generar terror y alterar el orden público en Bogotá, a través de acciones que buscan causar daño directo a la población civil y a las autoridades.
Las investigaciones han permitido establecer que el grupo PPP tendría un modus operandi altamente violento. Entre los hechos atribuidos a esta organización se encuentran ataques con bombas incendiarias y las denominadas “papas bomba” contra buses del sistema TransMilenio, acciones que han puesto en riesgo la vida de decenas de ciudadanos.
Galán subrayó la gravedad de estos ataques, al recordar que un bus puede transportar entre 50 y 80 personas, lo que convierte estos hechos en un peligro real y latente.
Dentro del expediente también figuran ataques como el lanzamiento de bombas incendiarias contra una patrulla de la Dirección de Antinarcóticos en la calle 26 y un episodio anterior en el que un bus de TransMilenio fue secuestrado en inmediaciones de una universidad y posteriormente incendiado. Estos eventos llevaron a que el caso fuera priorizado por las autoridades.
La investigación tomó mayor impulso tras un hecho ocurrido a mediados de 2023, cuando un artefacto explosivo fue lanzado contra un uniformado de la Policía, causándole heridas de extrema gravedad que lo dejaron en estado vegetativo.
A partir de ese momento, la Policía y la Fiscalía adelantaron un trabajo conjunto que se extendió por más de 24 meses y que, según Galán, fue “sólido” y permitió la recolección de pruebas suficientes para la captura de 11 personas.
A la fecha, los detenidos enfrentan cargos por varios delitos, entre ellos terrorismo. Frente a las voces que han pedido su liberación bajo el argumento de que se trataría de actos de protesta, el alcalde fue contundente al calificar esa postura como “totalmente absurda” y desconectada de la realidad del proceso judicial. Además, aclaró que, de acuerdo con la información suministrada por la Policía, ninguno de los capturados es estudiante activo de universidades públicas.
Finalmente, Galán hizo un llamado a la sociedad para establecer un consenso básico frente al rechazo de la violencia. Insistió en que acciones como atacar vehículos de transporte público con explosivos no pueden ser consideradas manifestaciones legítimas, sino actos de terrorismo que deben ser sancionados penalmente.
El alcalde concluyó señalando que el objetivo es que el expediente judicial sea lo suficientemente robusto para garantizar que los responsables respondan ante la justicia y cumplan condena por los delitos cometidos.