Congresistas de la izquierda, incluido Iván Cepeda, piden liberar a 11 jóvenes señalados de terrorismo en Bogotá

Un total de 31 senadores y representantes del espectro político de izquierda, entre ellos el senador Iván Cepeda, firmaron una carta pública en la que piden que se revise la situación judicial de 11 jóvenes capturados en Bogotá y señalados de participar en actos de terrorismo urbano y vandalismo, una acción que ha despertado polémica en el contexto político y de seguridad de la capital.

El documento fue divulgado luego de que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá presentaran un expediente de investigación en el que vinculan a estas personas, presuntamente integrantes de un movimiento radical identificado como ‘PPP’ (Brigada clandestina para el pueblo y por el pueblo), con múltiples hechos violentos y ataques contra infraestructura pública y miembros de la fuerza pública.

Según las autoridades, la investigación se basó en más de 4.000 horas de análisis de video, interceptaciones telefónicas y diligencias judiciales que habrían permitido establecer roles y modus operandi de los capturados.

Entre los delitos que les habrían sido imputados figuran terrorismo, concierto para delinquir agravado, incendio agravado, porte de explosivos y violencia contra servidor público, por hechos que ocurrieron entre 2024 y 2025, incluyendo daños a estaciones del sistema de transporte masivo y daños a buses urbanos.

Las autoridades también incautaron material explosivo, pólvora y otros elementos utilizados en los ataques, y un juez de la República ordenó medidas de aseguramiento en centro carcelario.

Frente a este contexto, los congresistas firmantes sostienen que los jóvenes han sido objetos de una “criminalización de la protesta social”, argumentando que se habría vulnerado la presunción de inocencia y el derecho a defenderse en libertad.

En su carta, cuestionan el uso de agentes encubiertos y solicitan que los procesados puedan enfrentar sus procesos judiciales sin privación de la libertad mientras se aclaran los hechos.

La postura de los legisladores ha generado reacciones divididas en el país. Para algunos sectores políticos y de la opinión pública, la carta podría interpretarse como una defensa de garantías constitucionales y derechos procesales, mientras que otros la han criticado por lo que consideran una interferencia política en un proceso penal con evidencia técnica y judicial sólida.

En medio de este debate, las autoridades han reafirmado su compromiso con la investigación y con la protección de la seguridad ciudadana, destacando que los procedimientos se han llevado a cabo en coordinación con el Ministerio Público y bajo los parámetros legales establecidos, mientras continúa el análisis del material probatorio y el avance del proceso judicial.