El sector arrocero colombiano cuenta desde ahora con una hoja de ruta definida para enfrentar los desafíos comerciales de este año. El Gobierno Nacional oficializó la adopción de un régimen de precios regulados, acompañado de una serie de apoyos económicos directos, como respuesta inmediata a la coyuntura que rodea la próxima cosecha de 2026.
Esta decisión es el resultado de intensas mesas de diálogo lideradas por el Ministerio de Agricultura, donde participaron activamente representantes de la industria molinera, Fedearroz y diversos gremios de productores.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, fue la encargada de comunicar al país la expedición de las resoluciones 042 y 043. A través de estos actos administrativos, se establece un marco de libertad regulada de precios que actualiza los valores que habían sido pactados durante el ciclo anterior.
Según la funcionaria, este paquete de medidas busca blindar la producción nacional y asegurar que el grano llegue a los centros de procesamiento sin traumatismos financieros para quienes lo cultivan.
Uno de los pilares de esta estrategia es el mecanismo de apoyo directo, fundamentado en el artículo siete de la Ley 101. Este instrumento financiero está diseñado para cubrir la brecha existente entre el valor regulado por el Estado y el precio real del mercado.
La intención principal es que los productores, sin importar si son pequeños, medianos o grandes, tengan la garantía de que su cosecha será adquirida por la industria molinera bajo condiciones justas.
Para este 2026, el acceso a estos recursos se ha simplificado significativamente. Tras escuchar las recomendaciones de los agricultores, el Ministerio decidió flexibilizar los requisitos de entrada. Esta actualización técnica permitirá que un número mayor de beneficiarios pueda radicar sus solicitudes y recibir los incentivos de manera más ágil, corrigiendo así cuellos de botella identificados en ejecuciones de años previos.
Más allá de la regulación de precios, el Gobierno ha puesto a disposición otras herramientas de fomento agropecuario. Entre ellas destaca el FAÍA (Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios), un recurso esencial que permite a los campesinos adquirir fertilizantes y otros insumos a costos reducidos.
Este apoyo es vital para mantener la rentabilidad del cultivo, especialmente en un contexto donde los costos de producción suelen ser elevados por factores externos.
Adicionalmente, se han ratificado líneas de crédito especiales destinadas a la reactivación económica y la diversificación de cultivos de ciclo corto. El objetivo es que los productores de arroz en todo el territorio nacional cuenten con alivios financieros que les permitan sanear sus carteras y reinvertir en sus unidades productivas.