La Contraloría General de la República emitió una preocupante advertencia sobre el futuro de la justicia transicional en Colombia.
Según un seguimiento especial realizado por el ente de control y fiscalización, el cumplimiento de las dos primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se encuentra en vilo debido a una profunda brecha financiera que pone en riesgo el derecho a la reparación de las víctimas del conflicto armado.
De acuerdo con el organismo, para el año 2026, el componente restaurador y reparador de estas decisiones judiciales presenta una desfinanciación del 83,6%.
Mientras que la JEP estima que se requieren $121.858 millones de pesos para cumplir con lo ordenado en las sentencias de primera instancia de 2025 (TP-SERVR-RC-ST-No.001 y No.002), de los cuales actualmente solo existen $20.000 millones disponibles.
Esto deja un faltante de $101.858 millones, cifra que podría aumentar a medida que se produzcan nuevos fallos.
Bienes de las FARC: promesas incumplidas
La crisis financiera no solo responde a la falta de presupuesto nacional, sino a graves inconsistencias en la entrega de bienes por parte de las antiguas FARC-EP.
El informe de la Contraloría General de la República revela una diferencia sustancial entre los activos reportados en el Acuerdo de Paz y lo efectivamente entregado y monetizado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Las cifras son reveladoras. En cuanto al dinero en efectivo, el compromiso era entregar más de $12.070 millones, pero solo se han monetizado $2.114 millones.
En el rubro de inmuebles, la situación es aún más crítica: de las 722 unidades acordadas para la reparación, apenas se ha recibido una materialmente.
Incluso en las divisas se presentaron irregularidades, pues de los 450.000 dólares entregados, 1.500 resultaron ser falsos.
Riesgo para el Estado
Para la Contraloría, estos incumplimientos comprometen la eficacia de los principios de verdad, justicia y reparación.
La falta de recursos no solo limita la ejecución de las órdenes judiciales en 2026, sino que genera una incertidumbre que afecta la garantía de no repetición.
Ante este panorama, el ente de control instó al Gobierno Nacional y a las entidades responsables a proveer los recursos necesarios para evitar que la responsabilidad del Estado se vea comprometida internacionalmente por incumplir los derechos de la población afectada.
Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País.