La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, presuntos implicados en la desaparición de Yulitza Toloza, muerta en un procedimiento estético ilegal.
Los dos serán acusados formalmente por los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, por la participación que habrían tenido para que los presuntos responsables del crimen huyeran hacia Venezuela. Una de las involucradas les habría ofrecido 800.000 pesos para recoger el vehículo en que huyeron y venderlo.
Las pruebas recaudadas por la Fiscalía y la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá indican que los tres presuntos responsables de la intervención quirúrgica, dos hombres y una mujer, que fueron capturados en Venezuela, habrían trasladado el cuerpo de la víctima desde Tunjuelito hasta una zona boscosa en Apulo (Cundinamarca), en donde fue abandonado y posteriormente encontrado por las autoridades.
Luego de dejar el cuerpo, los presuntos responsables regresaron a Bogotá y viajaron de allí a Los Patios (Norte de Santander). Allí dejaron el vehículo en que viajaban en el garaje de una vivienda con la promesa de que volverían para recogerlo, pero escaparon rumbo a Venezuela y no regresaron.
Posteriormente, la mujer que después fue capturada en Venezuela contactó a Morales, que es su tío, y a Sequera, y les ofreció 800.000 pesos para que fueran hasta Los Patios, recuperaran el carro y lo vendieran.
En los mensajes que les envió por celular, les pidió usar tapabocas y tomar medidas para evitar ser detectados.Hernández y Sequera cruzaron entonces la frontera de Venezuela a Colombia en la madrugada del 17 de mayo, con el propósito de recoger el carro en Los Patios, pero la Policía ya los había ubicado, les impidió recuperar el vehículo y los capturó el 19 de mayo.
La Fiscalía asegura que los dos capturados tenían pleno conocimiento de que el vehículo había sido utilizado para cometer un crimen.Por el crimen hay tres capturados en Venezuela, incluida la mujer que aparentemente era dueña del falso centro de cirugía estética y el falso cirujano que practicó la operación, pero deberán ser juzgados en ese país, porque la Constitución venezolana no permite la extradición de sus nacionales.