Por presuntas irregularidades en la construcción y dotación de un megacolegio en San Andrés, la Procuraduría abrió investigación contra el actual gobernador de la isla, Everth Julio Hawkins, y cuatro antecesores en el cargo.

Según expresó el ente de control, el proyecto aprobado en 2013 tiene costos que ascienden a $ 49.101 millones. Pero pasados 10 años figura en los sistemas de información del Sistema General de Regalías como “contratado en ejecución”, con un avance físico del 43,77 % y financiero de 51,34 %.

Igualmente, en una visita reciente hecha por la delegada para el Seguimiento a Regalías y su grupo especial de seguimiento, GES, se logró establecer que las obras fueron abandonadas por el contratista desde junio de 2018.

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También se conoció que el proyecto fue objeto de tres prórrogas por 34 meses, finalizando el plazo de ejecución el 26 de septiembre de 2018 aproximadamente, pero en lugar de ser entregadas, las obras fueron abandonadas por el contratista.

“Durante las etapas de planeación y ejecución del proyecto se habrían cometido presuntas fallas como que los estudios y diseños se entregaron incompletos, por lo cual se realizó adición de recursos del 44 % del valor aprobado inicialmente ($ 15.036.818.144), el cual no fue suficiente”, expresó la entidad.

Por lo anterior, el Ministerio Público solicitó un informe completo a la administración departamental sobre cuáles fueron las razones para haber abandonado la obra y copia de la liquidación de los contratos de obra pública suscritos inicialmente.

Otros proyectos en riesgo

El ente de control también tiene en la lupa varios proyectos que tienen un nivel de cumplimiento muy bajo y cuyos recursos por más de $50 mil millones podría estar en riesgo.

Uno de ellos, trata de la compra de computadores a cinco instituciones educativas por valor de $ 3.970 millones, pero que a día de hoy el proyecto se encuentra en proceso de contratación, presenta duplicidad en las inversiones y algunos computadores y tabletas ya compradas están sin uso.

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Otro proyecto preocupante es para el mejoramiento y rehabilitación de la vía de acceso a la zona industrial de San Andrés cuyo valor asciende a los $ 8.500 millones, pero debido a la falta de unos permisos requeridos, se terminó anticipadamente el contrato y este quedo a un 55% de avance y con posible riesgo de cumplimiento.

Finalmente, el proyecto denominado “Mejoramiento y rehabilitación en concreto rígido de vías rurales priorizadas en el plan vial", por valor aproximado de 31 mil millones de pesos, contempla en su alcance la pavimentación de vía de cinco tramos en concreto rígido. Sin embargo, un tramo de pavimentación de 1.616,75 metros, no ha iniciado sus obras porque se encuentra en una zona de conservación ambiental y no ha contado con la aprobación de la autoridad ambiental de la Isla de San Andrés.