En agosto de 2025, Saturia López León, de 75 años, volvió a insistir en lo que llevaba años pidiendo: una mamografía. Vivía en Cajibío, Cauca, en una zona que su hija describe como “zona roja”, pero su preocupación no era el orden público sino un dolor persistente en el seno. Solo cuando dijo que le dolía, le autorizaron el examen.
La mamografía reveló una masa. El 27 de agosto le practicaron una ecografía y comenzó un camino que, seis meses después, sigue sin conducir al quirófano.
“Mi nombre es Amparo López, soy médica laboral, que uno piensa que tiene más beneficios en el sistema, lo cual no es cierto”, dice su hija, quien asumió desde el inicio la gestión del caso ante la Nueva EPS. El diagnóstico se confirmó en una primera biopsia realizada en Popayán: cáncer de mama. Luego fue remitida a la Fundación Valle de Lili, donde el mastólogo ordenó repetir la patología y estudios de extensión.
El 30 de septiembre, la segunda biopsia arrojó un resultado más preocupante. “Diagnostico carcinoma ductal infiltrante grado dos, mama izquierda”, leyó Amparo en la historia clínica.
El 8 de octubre de 2025, el mastólogo fue claro: “Por favor, necesito que le corras a tu mamá”. Saturia tenía programada otra cita médica hacia finales de ese mes. “Piérdela, es más importante el cáncer”, le dijo el especialista.
La intervención planteada era una cuadrantectomía con vaciamiento ganglionar; durante el procedimiento se definiría si era necesario retirar más tejido o incluso el seno completo.
Sin embargo, la cirugía nunca se programó. No hubo confirmación ni llamada.
Hasta ese momento, según Amparo, todo el proceso había avanzado dentro de la misma institución. “Yo solamente salía de la consulta, iba a la unidad de oncología y ellos me llamaban”. Pero la respuesta se detuvo.
Ante el silencio, interpuso una tutela el 29 de noviembre de 2025. El fallo fue favorable y ordenó a la Nueva EPS garantizar la cirugía “en donde fuera”, dice Amparo. Ella pidió que se mantuviera en la Fundación Valle de Lili para no reiniciar trámites. La orden judicial tampoco se cumplió.
Desde entonces, el expediente se ha llenado de incidentes de desacato y requerimientos. El 12 de febrero, el Juzgado 16 Administrativo Oral del Circuito de Cali reiteró la obligación de acatar la sentencia 159 del 11 de diciembre de 2025 y requirió a directivos regionales y nacionales del sistema de salud para que informaran su cumplimiento en tres días. De acuerdo con Amparo, no ha habido respuesta efectiva.
“Por todo lado se ha solicitado la atención de una enfermedad catastrófica, pero Nueva EPS no ha respondido a Supersalud, no ha respondido a la Secretaría de Salud del Cauca, no ha respondido a la tutela, a los fallos y a los desacatos del juzgado”, afirma.
Mientras los documentos circulan, el tumor avanza. La cirugía que debía realizarse en octubre acumula ya casi cuatro meses de retraso.
El impacto no es solo clínico. Saturia prefirió volver a su finca en el Cauca. En Cali, donde su hija vive, la angustia la desbordaba. “Quedo encerrada y de tanto pensar, me voy a enloquecer y me tiro de su apartamento”, le dijo a Amparo. Ahora tiene dolor en el seno y siente que la masa crece.
El miedo de Amparo no es injustificado. La semana pasada vio morir a una paciente con cáncer de colon a la que también ayudó a interponer una tutela. “Se murió esperando la cita con el oncólogo, con el radiólogo, con el coloproctólogo, y se murió en desesperanza”, relata.
Esa experiencia le da forma a su petición final: “Siento una decepción y una impotencia total de ver gente que se está muriendo y ahora sentir de cerca que mi propia madre está pasando por una situación en la que, por más que haya hecho todas las acciones posibles de orden legal, de orden humano, no he podido conseguir que la operen”.
Y agrega: “Necesitamos que haya un cambio real, no podemos dejar que se muera más gente porque hay fallas en el sistema”.