La Secretaría de Educación de Cali emitió este sábado 30 de agosto un pronunciamiento tras la situación presentada en la Institución Educativa Oficial Eustaquio Palacios, donde se mantiene la inconformidad de parte de la comunidad estudiantil.

Durante la jornada, en la que participaron representantes del Ministerio Público, la Personería, la Defensoría del Pueblo, el ICBF y varias dependencias de la Alcaldía, se manifestó preocupación por la presencia de adultos ajenos a la institución dentro de las instalaciones.

Durante la jornada, en la que participaron representantes del Ministerio Público, la Personería, la Defensoría del Pueblo, el ICBF y varias dependencias de la Alcaldía. | Foto: Suministrada a El País

La autoridad educativa reiteró que se han cumplido los cuatro compromisos pactados con los estudiantes en mesas de concertación anteriores: la modernización de la infraestructura, la aplicación de controles estrictos al Programa de Alimentación Escolar (PAE), la garantía de continuidad de la jornada de la tarde sin fusión de salones, y la disminución de la cobertura contratada.

En medio del encuentro, la Secretaría insistió en que estos compromisos son parte de una ruta de trabajo que busca fortalecer la calidad educativa y la protección de los estudiantes. Sin embargo, aclaró que persiste la dificultad para llegar a acuerdos definitivos con los voceros estudiantiles y con algunos sectores de la comunidad educativa.

Uno de los puntos que generó mayor atención fue el ingreso de personas mayores de edad sin vínculo con la institución.

La Secretaría calificó la situación como preocupante e informó que, tras la inspección realizada en compañía de la Personería, la Defensoría, el ICBF y el equipo psicosocial, se advirtió la necesidad de reforzar los mecanismos de control para garantizar que quienes permanecen en la institución sean parte de la comunidad académica.

Uno de los puntos que generó mayor atención fue el ingreso de personas mayores de edad sin vínculo con la institución. | Foto: X: @AnaErazoR

La entidad recordó además que, en el marco de la Ley 1098 de 2006, la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 0459 de 2025, la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.

En este sentido, cuando un acudiente autoriza la participación de un estudiante en una protesta, ese consentimiento implica no solo aprobación, sino también la asunción de responsabilidades legales y éticas frente al bienestar del menor.

La Secretaría detalló directrices para las familias, entre ellas la obligación de entregar un consentimiento informado y detallado sobre la participación de sus hijos, el deber de garantizar alimentación y acompañamiento durante el tiempo que dure la manifestación, y la organización de un comité de delegados que represente a las familias ante la institución.

También recalcó que debe respetarse la decisión de quienes desistan de su consentimiento, ya que desconocer ese derecho podría tener consecuencias legales.

La autoridad educativa reiteró que se han cumplido los cuatro compromisos pactados con los estudiantes en mesas de concertación anteriores: la modernización de la infraestructura. | Foto: X: @AnaErazoR

En declaraciones entregadas durante la mesa de trabajo, la dependencia reiteró su compromiso: “Quiero reiterar que desde la Secretaría de Educación Distrital hemos cumplido con la respuesta a los cuatro puntos que tenían los estudiantes dentro de su manifestación.

Hoy hemos manifestado nuestra preocupación porque en la institución educativa hay mayores de edad que no tienen ningún tipo de relación con la comunidad”.

A pesar de que no se logró un acuerdo definitivo en la jornada de diálogo, la Alcaldía de Cali afirmó que mantendrá abierta la disposición a la concertación y que continuará trabajando de la mano con los organismos de control para garantizar la seguridad, integridad y derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La Secretaría enfatizó que estas medidas no buscan limitar la participación, sino proteger a los estudiantes. El propósito, señalaron, es que familia, escuela, sociedad y Estado actúen de manera conjunta para salvaguardar los derechos y la tranquilidad de la comunidad educativa.