La Personería Distrital de Cali respaldó la decisión de la Secretaría de Salud Pública de ordenar el cierre definitivo de un centro de atención para adultos mayores.
El Hogar La Esperanza fue clausurado tras evidenciarse graves situaciones de negligencia en el cuidado y la atención de sus residentes, quienes estaban expuestos a condiciones de vulnerabilidad y riesgo.
Durante las visitas de verificación realizadas por la Secretaría de Salud, se constató el incumplimiento sistemático de los estándares mínimos de calidad. Dichos requisitos están establecidos y regulados por la Ley 1315 de 2009.
Esta normativa define las condiciones de bienestar, protección integral y funcionamiento que deben cumplir los centros de atención para la población mayor.
Al momento de la intervención institucional, se encontraban en el lugar un total de cuatro personas adultas mayores. La medida de cierre busca salvaguardar los derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana y la salud, que se vieron comprometidos por las deficiencias operacionales del hogar.
El Hogar La Esperanza ya había sido objeto de una acción de cierre el año anterior por parte de las autoridades distritales.
Esa primera intervención se motivó por el fallecimiento de una de las residentes dentro de las instalaciones. Sin embargo, las fallas persistieron y motivaron una nueva actuación de la Secretaría de Salud.
Un reciente caso de deceso precipitó la medida definitiva de clausura. Se registró la muerte de otra adulta mayor, producto de una caída desde la cama. Este hecho evidenció de forma irrefutable las fallas graves y continuas en el cuidado y la supervisión que debía proveer el centro de atención.
Según la Personería, la persistencia de estas deficiencias institucionales generó un riesgo inminente para la población atendida. El objetivo primordial de la decisión adoptada por Salud Pública es proteger la vida de las personas mayores que se encontraban en un estado de vulnerabilidad extrema.
La Personería Distrital de Cali acompañó de cerca todo el proceso de cierre y verificación en el establecimiento. Esta labor se realizó de manera coordinada con la Secretaría de Bienestar Social y su Programa Adulto Mayor, buscando una respuesta rápida a la emergencia social.
La participación de estas entidades fue esencial para garantizar el restablecimiento efectivo de los derechos de las cuatro personas adultas mayores afectadas. Las instituciones se encargaron de asegurar su reubicación y atención adecuada tras la clausura del hogar.
Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País.