A raíz de la denuncia publicada por El País el 28 de octubre del año pasado, la fiscal 100 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Cali abrió una investigación preliminar.

A raíz de la denuncia publicada por El País el 28 de octubre del año pasado, la fiscal 100 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Cali abrió una investigación preliminar por las presuntas irregularidades en el convenio interadministrativo que por $70.000 millones suscribió el Municipio con el Fondo Mixto del Deporte.El millonario convenio, que está en el centro de la polémica, se concibió para adecuar el estadio Pascual Guerrero con miras al mundial juvenil de fútbol que se realizará en Colombia a partir de julio.Como parte de la investigación preliminar, en la cual se recoge material para hacer imputación de cargos o también para archivar el proceso, se han adelantado visitas de policía judicial a las dos entidades involucradas, la Secretaría del Deporte de Cali y el Fondo Mixto, en donde los peritos de la Fiscalía han tomado los documentos que soportan la contratación original y sus múltiples adiciones de obra.Esta semana le correspondió el turno a la obra civil, por lo cual un equipo de expertos del Cuerpo de Técnico de Investigación de la Fiscalía, CTI, hizo presencia en el estadio, donde toma medidas y calcula cantidades de obra, verifica materiales y revisa el cumplimiento del cronograma, entre otras actividades propias de la indagación judicial.Dudas por conveniosEl País habló con uno de los investigadores de la Fiscalía, quien mencionó que entre las cosas que ‘escarban’ están las presuntas irregularidades en “la contratación de personal para el diseño de las obras civiles, donde según versiones sin confirmar habrían contratado familiares y recomendados de Marcela Patiño, esposa del Alcalde de Cali”.El ente acusador también busca corroborar las denuncias que describen cómo el Municipio le habría hecho el quite a las leyes 80 y 1150 de contratación pública, a través de los controvertidos convenios interadministrativos, evadiendo sacar a licitación los contratos de obra civil “para remodelar el estadio, construir un centro cultural (que incluye el museo de la salsa) y un centro comercial en la zona”, según explicó ayer al noticiero 90 Minutos el alcalde Ospina.Sobre este punto se pronunció Manuel Torres, Personero de Cali, quien el año pasado señaló que “esos convenios pueden ser legales, pero tienen un alto contenido antiético”.De igual forma, existen sospechas por posibles sobrecostos y abusos en los presupuestos, así como falsedades en documentos públicos y privados. En este sentido, la fuente de la Fiscalía contó que le están poniendo un énfasis especial al análisis de la compra de la pantalla gigante que reemplazará al viejo tablero electrónico del estadio.“En una de las denuncias nos dicen que esa pantalla ya estaba en Cali, en un local del sanandresito, y que la empresa que se la vende al Fondo Mixto sólo prestó su razón social, por eso los documentos de importación salen a nombre de un tercero. Incluso sabemos que ellos tuvieron que pagar el IVA el año pasado y eso propició una pelea interna”, aseguró el investigador.El País intentó confirmar estos datos, pero sólo pudo comprobar que la empresa que vendió la pantalla es de la hija de un ex jugador de fútbol conocido como el ‘Batato’ Castro, quien no quiso entregar la copia de los documentos de importación.