La Contraloría General de la República emitió una advertencia al Distrito Especial de Santiago de Cali, EMSIRVA E.S.P., EMCALI y varias entidades nacionales por un presunto riesgo patrimonial cercano a los $800 mil millones que podría comprometer la continuidad del servicio público de aseo en la capital del Valle del Cauca.
El órgano de control aseguró que existen serias preocupaciones relacionadas con la titularidad del catastro de usuarios y las bases de datos comerciales y operativas asociadas a la prestación del servicio. Según explicó la entidad, la incertidumbre jurídica sobre estos activos estratégicos podría derivar en afectaciones fiscales, operativas y sociales.
De acuerdo con el comunicado oficial, uno de los puntos más delicados tiene que ver con la discusión sobre quién es realmente el propietario de la base de usuarios del sistema de aseo de Cali, cuyo valor fue estimado en aproximadamente $800 mil millones.
“La continuidad de los servicios públicos esenciales no puede quedar expuesta a escenarios de incertidumbre jurídica, vacíos contractuales o controversias sobre activos estratégicos”, advirtió el contralor general en el pronunciamiento.
La entidad explicó que este valor económico fue soportado en una consultoría elaborada por Bonus Banca de Inversión S.A.S., contratada por el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para analizar los activos estratégicos de EMSIRVA, empresa que actualmente se encuentra intervenida y en proceso de liquidación.
Otro de los puntos que encendió las alertas tiene relación con el vencimiento de los contratos de operación del servicio de aseo, los cuales culminaron oficialmente el pasado 28 de enero de 2026.
Pese a ello, las empresas operadoras continúan prestando el servicio mientras se resuelve el panorama jurídico y contractual. Según la Contraloría, esto ocurre “sin un mecanismo contractual claramente definido”, situación que podría derivar en problemas administrativos y legales.
Mientras EMSIRVA sostiene que el catastro de usuarios y las bases de datos deben revertir gratuitamente a la entidad al finalizar los contratos, los operadores privados argumentan que dichos activos les pertenecen por haber sido quienes ejecutaron directamente la prestación del servicio durante más de dos décadas.
La Contraloría señaló que esta controversia deberá ser definida por un juez o un tribunal de arbitramento. Entretanto, el riesgo sobre la continuidad del servicio sigue creciendo.
La situación se agravó luego de que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca suspendiera el proceso de selección de nuevos operadores mediante el Auto Interlocutorio No. 104 del 11 de mayo de 2026.