En el primer día de sesiones extraordinarias del Concejo de Cali, varios cabildantes pidieron la renuncia del secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, tras la muerte del motociclista Brayan Steven Yusti Colmenares en un hecho que involucra a un agente de tránsito.
Los concejales señalaron que la situación refleja problemas internos en el organismo y un deterioro en la relación entre funcionarios y ciudadanía.
La jornada se instaló este viernes y se extenderá hasta el 20 de diciembre. La agenda fue presentada por el secretario de Gobierno, Fernando Grillo, en representación del alcalde Alejandro Eder. Al término del acto, el presidente del Concejo, Edison Lucumí, rechazó el incidente que terminó con el fallecimiento del ciudadano y recordó que la autoridad debe actuar “sin abusos” y con respeto mutuo. “El respeto es esencial para preservar la vida”, señaló.
“Yo lo dije: aquí va a ocurrir una tragedia y ya ocurrió”, mencionó el concejal Roberto Ortiz. También dejó constancia sobre un audio que circula por redes móviles, presuntamente generado con inteligencia artificial, que convoca a movilizaciones para afectar la Feria de Cali y protestar en la Secretaría de Movilidad. Solicitó a la Administración atender esta alerta para evitar confrontaciones y fortalecer la pedagogía vial.
Las críticas más fuertes fueron planteadas por los concejales María del Carmen Londoño Sanna y Rodrigo Salazar Sarmiento, quienes solicitaron al alcalde Eder declarar insubsistente a Orozco o pedirle la renuncia. Ambos atribuyeron la situación a presuntas presiones internas sobre los agentes de tránsito y a un ambiente laboral adverso.
“Desde el año pasado yo lo dije aquí, que una situación como esta se iba a presentar y hasta que no hubiera un muerto, no se iba a detener el acoso y la presión que se registra al interior de la Secretaría de Movilidad contra los agentes de tránsito, pero no hicieron nada. No han capacitado a los nuevos agentes (...), no han generado un proceso psicológico para bajar la presión que reciben a diario por trabajar más de 12 horas a sol y agua, además de las exigencias que tienen que cumplir vía acuerdos internos entre Movilidad y terceros, donde se les exige un monto determinado de comparendos mensuales, lo que genera situaciones tan nefastas como las ocurridas este miércoles en la ciudad”, expresó Londoño.
Salazar coincidió en que los hechos serían consecuencia de un mal manejo institucional. Aseguró que existe un “adoctrinamiento” y un clima de presión hacia los agentes que deriva en actos de intolerancia en las vías. Recordó, además, que diciembre es un mes crítico por el alto flujo vehicular y el mal estado de equipos semafóricos, lo que incrementa la exposición de los funcionarios en las calles. “Esto desbordó los límites del respeto institucional y se deben tomar acciones”, afirmó.