Apartamentos en Altos de Santa Elena, casi listos para ser entregados, han sido desmantelados de balcones, ventanas y otros objetos de amoblamiento. Un lío jurídico impide la terminación y entrega

[[nid:505202;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/563x/2016/02/ep001084539.jpg;full;{Así lucen algunas de las ocho torres de Altos de Santa Elena II, donde se han llevado hasta los balcones, a otros les falta el techo y los terminados internos.Hroy Chávez | El País.}]]

A los vecinos de Altos de Santa Elena les toca ver a menudo gente que corre con ventanales y  sanitarios a la espalda, con lavamanos y   balcones al hombro y hasta  tanques del agua que sacan arrastrados. No son trasteos, sino el desvalijamiento continuado de ocho  torres de apartamentos de la II   etapa del macroproyecto de vivienda  Altos de Santa Elena.

La  nueva fase fue contratada por el Ministerio de Vivienda a través de Fonvivienda y la Secretaría de Vivienda  de Cali para reubicar familias  que habitan en áreas no mitigables de  zonas de alto riesgo en la ladera, afectadas por la ola invernal 2010-2011.

El Ministerio y la Secretaría encargaron administrar el proyecto bajo la figura de fideicomiso a Alianza Fiduciaria y fue construido por la firma Integrar Constructores, de Alberto Gaviria, presidente de Camacol Valle, y Sidecol, firma de Juan Paulo Salazar.

 De acuerdo con Gaviria, 440 apartamentos ya   quedaron a punto de ser terminados.  Pero como les faltan algunos acabados, no se han podido entregar a los  beneficiarios y   ya están enmalezados y vandalizados. Y    160 más son los que están dependiendo del litigio porque no se han empezado a levantar, agregó el constructor.

Gaviria le dijo  a El País que el proyecto no está terminado ni entregado porque desde el 22 de mayo de 2014 presentó su primera reclamación por sobrecostos en la obra,  que no le han querido reconocer.

El constructor informó que  el contrato por la fase A fue por $11.713.000 millones y la fase B por $8600 millones, pero que tuvo sobrecostos por $3600 millones y $2781 millones, respectivamente. Señaló que recibió el 15 % de anticipo y el 85 % lo financió con préstamos bancarios.

El representante gremial argumentó que empezó a construir sobre estudios de suelos y diseños que le entrega el contratante y “cuyo nombre no recuerda”, pero que  encontró  fallas geológicas que no aparecían consignadas. Por ello, tuvo que levantar muros de contención de 60 metros de largo por 5 metros de altura y pilotes de hasta 12 metros de hondo no  contemplados en los diseños iniciales.

“Empecé confiado en la buena fe de quienes hicieron los estudios,  no creo que fueron mal hechos, sino incompletos, les faltó alcance. Como persona responsable no iba a construir mal, porque después aparecen los problemas de calidad”, dijo a El País.

Acosado por el crecimiento de la deuda “con intereses corriendo   hasta  sábados, domingos y festivos”,   en diciembre presentó una nueva reclamación, pero con ajustes en los sobrecostos financieros y administrativos: de  la  etapa A se incrementó a $5384 millones y la B  a $3285 millones, para un total de $8669 millones.

En enero  de 2015, dice, los contratantes  admitieron  reconocerle sobrecostos por $6620 millones, $2000 millones menos. “Pero ese mismo día, a las 5:45  de la tarde, me llamaron a decirme que el comité fiduciario solo autorizaba pagar $3000 millones, porque según ellos, jurídicamente no nos podían pagar  intereses”.

Sin embargo, en febrero acordaron un  “todos ponen”, donde las contrapartes  aceptan pagar  el resto. Pero el 30 de marzo,  el ex alcalde  Guerrero le dijo que solo le pagarían $5400 millones por “falta de más recursos”.

“Al ver que llevábamos  más de un año  y  día a día perdíamos más dinero,    aceptamos  con tal de que nos  pagaran rápido, para intentar renegociar la deuda con los bancos, que estaban dispuestos a condonar intereses.  El pago debía ser en 30 días, pero se demoró tres meses, el acuerdo se firmó el 30 de junio y en septiembre  abonaron $545 millones y el pasado 5 de  noviembre, $3000 millones”.

[[nid:505195;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/270x/2016/02/ep001084554.jpg;left;{Así lucen algunas de las ocho torres de Altos de Santa Elena II, donde se han llevado hasta los balcones, a otros les falta el techo y los terminados internos.Hroy Chávez | El País.}]]

El Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, ratificó  a El País, que al constructor se le reconocieron sobrecostos por $4000 millones, mas no  por todo lo que pretendía. Admitió que al parecer “sí  hubo una demora en el pago por parte de la Secretaría de Vivienda de Cali, pero igual ya se le canceló y nos debe hacer la entrega de los apartamentos en perfecto estado”. 

Gaviria manifestó que “este problema llegó a donde ha llegado por la demora en la toma de decisiones. Si lo hubiésemos resuelto en mayo de 2014, no estábamos en esta situación”. 

Como en  octubre pasado se venció el contrato, en  septiembre las firmas constructoras anunciaron que darían  por incumplido el contrato e interpusieron  la demanda ante un tribunal de arbitramento, lo que tiene en el limbo la terminación y la entrega de las  viviendas  a los beneficiarios. Este martes será la primera audiencia.

El viceministro de vivienda, Guillermo Herrera Castaño, dijo que  el Ministerio irá al Tribunal de Arbitramento “a debatir y a proteger los recursos públicos frente a las pretensiones del constructor”.

Herrera  objetó que “no es la primera vez que la constructora  hace reclamación por ese proyecto: en junio de 2013 solicitó adición de $1600 millones y  le avalaron y pagaron $920 millones. Y luego hizo dos por  unos valores mayores y se constató  a través de la interventoría que tuvo que realizar obras de mitigación que no estaban previstas en el contrato inicial. “Se consideró por el comité fiduciario, el  Ministerio y  la Secretaría que no le asistía  al Gobierno,  como son recursos públicos, entrar a dirimir mayores valores por gastos indirectos, que van asociados a la gestión y al riesgo que asume el contratista”.

Herrera reiteró que “vamos a buscar que estos recursos garanticen la terminación de las viviendas. No tenemos que asumir el riesgo financiero del constructor y los tenemos que hacer valer porque se trata de los de la población vulnerable”.

El que  Gaviria sea el presidente de Camacol Valle, dijo que  “nos resulta  indiferente, es un constructor más, las reglas son para todos, desde el constructor más humilde hasta  el más prestante.  El Ministerio va a poner todo el esfuerzo y la prioridad en resolver esto muy rápido para hacer realidad el sueño de los hogares que están esperando una solución de vivienda”.

Escrituras

Juan Carlos Rueda,ex secretario de Vivienda,  aceptó que los apartamentos terminados no se pudieron entregar porque faltaba la escrituración. Se trasladó a la fiducia, Alianza Fiduciaria, $220 millones para escriturar 220 de los 680. “Solo faltaba la limpieza  y se debía reactivar la escrituración, por la gerencia, que es Comfenalco con Alcaldía y MinVivienda.Griselda Castrillón, gerente de vivienda de Comfenalco, aclaró que esta entidad no tiene responsabilidad en buscar recursos porque no es  administrador ni dueño del proyecto, solo el operador para acceder a la vivienda”.
ProyectoIntegrar Constructores  realizó la primera etapa de Altos de Santa Elena, de Vivienda de Interés Social, VIS, de  560 apartamentos que fueron adjudicados y entregados a trabajadores independientes que no tenían acceso a cajas de compensación familiar, pagando una cuota inicial y préstamos hipotecarios, a través de Comfenalco.