Intocables

Agosto 06, 2017 - 07:10 a.m. Por: Francisco José Lloreda Mera

Ésta vez quemaron 100 hectáreas de caña de azúcar y dos buses que transportaban a 160 corteros. Y nada pasa. Perdón, sí pasa: cada día más, a las buenas o a las malas -y suele ser a las malas- las comunidades indígenas del Cauca insisten en extender sus resguardos ante la mirada cómplice o temerosa de algunas entidades de gobierno que poco o nada hacen para evitarlo. Los derechos del resto de colombianos, no importan.

Una investigación del Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana señala que en 2013 había en el Cauca 57 resguardos constituidos y 39 en clarificación. La Sociedad de Agricultores y Ganaderos, SAG, indica que los indígenas de esa región son propietarios de 721 mil hectáreas; el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, precisa que son solamente 544 mil, aunque aspiran a 1.7 millones, entre otras pretensiones.

Es decir, son dueños del 18 o 24% de la superficie el departamento y quieren el 56%. De cualquier forma, regalada por los gobiernos que salen presurosos a comprar tierra para dárselas o con violencia y bloqueos ilegales a la vía Panamericana que derivan en acuerdos en que los gobiernos se comprometen a darles cada vez más, independiente de a quién se lleva por delante y si el procedimiento de los indígenas se ajusta a la ley.

Empieza con una invasión sistemática de los predios agrícolas y ganaderos. Un ataque contra el negocio productivo, daños en las pasturas, uso de herbicidas que provocan la muerte de animales, o destrucción de cultivos, hasta que logran aburrir al propietario quien termina desesperado ofertando el predio al gobierno de turno, que saca pecho dándoselo a los indígenas. Un proceso perverso en que el Estado termina de cómplice.

La justificación, la misma: el reclamo de “territorios ancestrales”. Una cuenta de cobro que se remonta a la llegada de los conquistadores y pasa por la Colonia a la República. El resto de colombianos, incluidos miles de campesinos despojados de sus tierras por indígenas, no valen nada; ahí sí sus ancestros y derechos adquiridos durante 500 años terminan siendo de segunda, como si cargasen una culpa histórica, un pecado original.

Intocables. En eso se han convertido los indígenas en el país, en especial los del Cauca. En gran medida por culpa de los gobiernos a los que, con contadas excepciones, le tiemblan las piernas cuando se les presenta una reclamación indígena o un bloqueo de las vías. Tembladera que se traduce en no aplicarles la ley aunque la transgredan y en darles o prometerles lo que pidan, aceitando la dictadura de las minorías en que hemos caído.

Los indígenas tienen un régimen especial y tiene sentido que así sea, pues se busca el reconocimiento y preservación de su identidad cultural y mejorar su calidad de vida. Es así que tienen un sistema propio de gobierno, de educación, salud y justicia, reciben el doble de recursos de transferencias por habitante, y se les consultan los proyectos estratégicos en sus territorios. Pero a veces se les va la mano, en especial en el Cauca.

Es cierto que a raíz de la Conquista la población indígena fue prácticamente arrasada y en muchos casos despojada de sus territorios, lo que amerita una atención especial. Pero, de ahí a olvidar que los demás colombianos también tienen derechos y tolerar que acudan a la violencia y al delito para tramitar sus pretensiones, es inaceptable. Los indígenas son parte fundamental del país. Con derechos, y también obligaciones.

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