Ofrecen recompensa de $200 millones por responsables de atentado en Norte de Santander

La Policía Nacional ofreció hasta 200 millones de pesos como recompensa para dar con la información y los responsables del atentado terrorista ocurrido en Tibú, Norte de Santander, cuyo saldo fue de tres personas muertas y al menos diez heridas.

“Condenamos enérgicamente el ataque terrorista contra la Policía colombiana y la población de Tibú, Norte de Santander, que dejó 2 uniformados y una mujer muertos luego de un atentado con explosivos. Se ofrece una recompensa de hasta $200 millones por información que ayude a capturar a los responsables”, dijo el Ministerio de Defensa.

Según relatan las autoridades, este hecho sucedió en zona rural de Norte de Santander, cuando delincuentes activaron una carga explosiva al paso de una patrulla de la Policía Nacional rumbo a las instalaciones del Ejército.

Se pudo conocer que entre las víctimas mortales se encuentran el subteniente Ángelo Raúl Martínez Arévalo, el patrullero Andrés Idárraga Orozco y una mujer que transitaba por el lugar.

Tras el hecho, el subdirector de la Policía, brigadier general Tito Yesid Castellanos, se desplazó al lugar para liderar la investigación en compañía de un equipo de expertos en esclarecer este tipo de acciones criminales.

Igualmente, se pudo establecer que varios heridos, también uniformados de la Policía, fueron trasladados hacia los centros asistenciales más cercanos. Resultaron heridos el mayor Wilson Millán Triana, comandante del Distrito de Policía de Tibú; el intendente Édinson Niño Hernández y los patrulleros Germán Yahir Gómez Monsalve, Brando Lec Coronado Aarón y Ezequiel Felipe Pérez Arciniegas.

El primer parte médico señala que el patrullero Pérez Arciniegas tuvo que ser internado en cuidados intensivos en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, de la ciudad de Cúcuta, mientras que el mayor Millán y los otros tres uniformados se encuentran estables.

“La gran familia policial se solidariza con los seres queridos de uniformados y civiles afectados por el vil atentado. Además, se dispuso de un equipo interdisciplinario para asistir a las familias”, recalcó la entidad.

Desde el Gobierno Departamental rechazaron lo sucedido: “Los nortesantandereanos no aguantamos más muertes ni acciones violentas de los grupos armados. Rechazamos los hechos que acabaron con la vida de varias personas en el municipio de Tibú, y que enlutan a sus familias y al departamento, que tanto anhela la paz. No es justo que esta población siga siendo víctima de atentados terroristas”.

En diálogo con SEMANA, Diego Villamizar, defensor de los Derechos Humanos en Norte de Santander, también condenó el ataque.

“Nuestro profundo rechazo a este ataque terrorista, nuestra solidaridad a las familias de las víctimas, son cobardes y miserables los terroristas que atacaron de esta manera indiscriminada no solo a la fuerza pública, sino a la población civil. Esto es una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario”, señaló el defensor.

Disidencias reconocen asesinato de niños

En un comunicado que se conoció este miércoles, pero que tiene fecha del 21 de mayo, el Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las Farc, reconoció haber asesinado a los niños indígenas en Putumayo, pertenecientes a la comunidad Murui, que habían sido reclutados por ese grupo y que generó que el Gobierno Nacional suspendiera el cese al fuego con esa guerrilla.

“Frente a los hechos ocurridos en el Putumayo, asumimos la responsabilidad de la muerte de los tres jóvenes (No fueron cuatro) que fueron ajusticiados”, dice el comunicado del Estado Mayor Central, en el que señalan que los niños tenían la edad que “exige el Derecho Internacional Humanitario para su reclutamiento”.

Además, recalcan que ese reclutamiento se hizo de “manera voluntaria”, pero se comprometen a reparar a la comunidad luego del asesinato de los menores: “Asumiremos nuestra responsabilidad, reconociendo los errores cometidos y asumiendo compromisos claros para la reparación con las comunidades”. Y delegarán una comisión de paz, “toda vez que no existe el mecanismo de verificación local”, para la atención de los pueblos indígenas del Amazonas.