¿Hay riesgo de que se cometan atentados terroristas en las principales ciudades del país?

Ante el anuncio del Gobierno Nacional de suspender el cese bilateral al fuego con el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, se han encendido las alarmas ante posibles represalias en las principales ciudades del país por parte de este grupo criminal.

El Ejecutivo tomó esta determinación luego de que el frente Carolina Ramírez, de las disidencias de las Farc, masacraran a cuatro niños indígenas del pueblo Murui, de Putumayo, cuando buscaban no ser reclutados.

El Estado calificó el hecho como atroz y luego de “escuchar a delegados de las comunidades y del Consejo Extraordinario de Seguridad y debido a la grave violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de esta organización al margen de la ley, sumado a otros hechos que generan incertidumbre y zozobra en la población, el Gobierno tomó la decisión unilateral de suspender parcialmente los efectos del Decreto 2656 del 2022?”.

Por su parte, el ministro de defensa, Iván Velásquez, afirmó: “Hay una evaluación respecto de la presencia de Fuerzas Militares en estos cuatro departamentos, las ubicaciones en las que podría encontrarse el Estado Mayor Central, pero, en todo caso, lo fundamental de las Fuerzas Militares y Policía Nacional es poder brindarle tranquilidad y seguridad a la población”.

Frente a lo ocurrido, otro funcionario que se pronunció fue el defensor nacional del Pueblo, Carlos Camargo, quien reiteró su llamado al Estado Mayor Central para que demuestren gestos genuinos de paz y cesen de inmediato todas sus acciones en contra de la población civil.

Según Camargo, “el centenar de acciones violentas llevadas a cabo por los grupos armados ilegales durante este año deja claro que no existe una verdadera voluntad de paz. Queda claro que han burlado al Gobierno Nacional y continúan burlándose del anhelo de paz de todos los colombianos”.

Desde el 31 de diciembre de 2022, cuando el Gobierno decretó el cese al fuego entre la Fuerza Pública y cuatro grupos armados, la Defensoría ha registrado 90 acciones violentas por parte de estas organizaciones, de las cuales 20 corresponden a enfrentamientos armados entre ellas y 70 a actos violentos contra la población civil.

Ante esta crisis en la llamada Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro, El País consultó a expertos sobre las implicaciones que esto podría traer a la seguridad nacional.

Para el analista en seguridad nacional y experto en grupos subversivos, Héctor Herrera, las disidencias de las Farc lo que buscan es tomarse el poder por medio de la intimidación. “Lo que la guerrilla quiere hacer es amedrantar nuevamente al Gobierno, hacer actos terroristas y tomarse poblaciones para poder que el Estado ceda a sus peticiones”.

Para Herrera, estas peticiones irían desde curules en el Gobierno hasta despejar zonas del territorio nacional para el despacho de drogas y la entrada de armamento.

Asimismo, aseguró que probablemente en los próximos días estos grupos empezarán a realizar terrorismo psicológico, es decir, instalarán pancartas, banderas, entre otros elementos para generar presión a las autoridades locales.

Por su parte, el politólogo y experto en seguridad nacional Luis Felipe Barrera afirmó que “los riesgos de atentados contra la población civil son permanentes en el marco de la negociación, pues las organizaciones ilegales recurren a los actos de terrorismo para demostrar fortaleza en la mesa, pero lo que termina pasando es que deslegitiman el proceso y elevan el rechazo público”.

Barrera añadió que “esto termina reduciendo el marco de acción del Estado. Hoy la política de seguridad es un suplemento de la de Paz Total. Debe ser al contrario, la política de seguridad debe generar las condiciones estratégicas para la negociación y el sometimiento de las estructuras criminales.

Para Luis Felipe Barrera, se debe avanzar en la consolidación de una estrategia de seguridad, ya que esto reduciría el riesgo contra centros urbanos y la ruralidad: “Sobre todo cuando la política de Paz Total tiene complejos capítulos regionales y locales de paz urbana, como en Medellín y Buenaventura, que necesitan un marco legal para materializarse”.

Por otro lado, Herrera no descartó una ofensiva de estos grupos e hizo un llamado a empresarios del país para que no se movilicen por las carreteras de territorios donde se sepa que hay presencia de estas organizaciones. “A los ganaderos, cafeteros o empresarios, les recomiendo no transitar por carreteras en la noche y si van a viajar a algún lado, que vayan en caravanas para evitar caer en retenes ilegales de estos grupos criminales”.