Ratifican condena de más de 21 años de prisión contra el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía por corrupción

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 21 años y 7 meses de prisión contra el exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía, al confirmar la sentencia que lo declaró responsable de irregularidades en un contrato para dotar bibliotecas escolares del departamento.

La decisión ratifica el fallo emitido previamente por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, que encontró al exmandatario culpable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

El proceso judicial se relaciona con un convenio de cooperación firmado el 29 de enero de 2010 entre la Gobernación del Valle, representada por Abadía y el entonces secretario de Educación, Eiber Navarro, y la fundación Calimío, para dotar de material bibliográfico a 40 bibliotecas escolares ubicadas en diez municipios del departamento.

De acuerdo con la investigación, el convenio, que superó los 1000 millones de pesos, fue tramitado y celebrado sin cumplir los requisitos legales exigidos para este tipo de contratación. Los magistrados concluyeron que se utilizó indebidamente la figura de un convenio de interés público para evitar un proceso de licitación y favorecer a terceros, pese a que el contrato contemplaba una contraprestación.

La Corte también estableció que la administración departamental no elaboró estudios previos suficientes para determinar las necesidades reales de las instituciones educativas que serían beneficiadas con el proyecto.

En la decisión, los magistrados señalaron que Abadía conocía las exigencias legales aplicables a la contratación y los límites de cuantía que obligaban a adelantar una licitación pública, por lo que concluyeron que actuó con conocimiento de las irregularidades detectadas en el proceso.

“En consecuencia, el entonces gobernador Juan Carlos Abadía Campo transgredió dolosamente los principios de la administración pública consignados en el artículo 206 de la Constitución Política y los principios rectores de la contratación estatal, entre ellos, los de economía -planeación-, transparencia -selección objetiva- y responsabilidad”, indicó la sentencia.

Asimismo, el expediente evidenció que la fundación contratista subcontrató la adquisición de los libros con otras dos empresas. Según determinó la justicia, esas operaciones incluyeron “sobrecostos” que permitieron la apropiación indebida de recursos públicos por parte de los representantes de las entidades involucradas.

“No cabe duda de que en este asunto la conducta se consumó con la apropiación ilegal de los recursos del convenio, los que se habían dejado en administración, tenencia o custodia del acusado Abadía Campo por razón de sus funciones propias de gobernador y ordenador del gasto, y en virtud de ello se apropió a favor de terceros de $ 817.482.400”, añade la sentencia.