La situación financiera del Valle del Cauca es peor de lo que se pensaba

Nuevo secretario de Hacienda, Javier Roldán, dice que las deudas superan los $560.000 millones.

El Departamento se acogió varios días atrás a la Ley 550 para reestructurar acreencias por un total de $560.273 millones, pero el escenario financiero es aún más complejo.El nuevo secretario de Hacienda, Javier Roldán Barbosa, presentó ayer en la Asamblea un diagnóstico sobre las finanzas del Valle, en el que señaló que “la Ley 550 nos permitirá conocer la verdad sobre la situación financiera del departamento y proceder a su saneamiento gradual”.En un primer diagnóstico sobre las cifras, el funcionario informó a la Asamblea que la administración de Ubeimar Delgado heredó obligaciones por pagar por $104.494 millones, algunas de ellas hasta con 1.800 días de mora. Al corte de abril 30 del 2012 esa suma llegó a $112.000 millones.Ante este crítico panorama, la recién posesionada administración buscará que la Asamblea le otorgue facultades para refinanciar los pasivos del departamento en el cuatrienio 2012-2015.Sólo el año pasado, manifestó Roldán, hubo cuentas pendientes de pago por $59.841 millones y 120 días de mora en promedio.De igual manera, indicó que debido a los procesos judiciales que cursan en contra del Departamento, especialmente en materia de seguridad social (pensionados), las medidas cautelares a abril 30 del 2012 sumaron $40.850 millones.Lo peor es que el departamento poseía a esa fecha embargos practicados por $83.086 millones. Existen, asimismo, pretensiones jurídicas por $762.401 millones correspondientes a 3.064 procesos y conciliaciones recibidas.El funcionario indicó que “la Ley 550 blindará los recursos del Departamento, se buscará normalizar los pasivos pensionales y no podrán embargarse los activos ni las cuentas”. Roldán viaja hoy a Bogotá para iniciar contactos con la jefe de la Dirección de Apoyo Fiscal, DAF, Ana Lucía Villa, con miras a establecer las estrategias y metodologías para poner en marcha la reestructuración de las acreencias previstas.De acuerdo con el plan de refinanciación de las deudas a presentarse ante la DAF se buscará que hacia el 2015 el departamento tenga saneados sus compromisos con la banca y algunos proveedores. Sin embargo, al final de la administración quedarían pendientes de pago unos $120.000 millones, la mayoría por pensiones, que constituyen la mayor carga para la administración.Ante esta situación, el diputado Luis Alfonso Chávez abogó para que haya un mayor blindaje jurídico por parte del Departamento, para lo cual pidió se fortalezca su secretaría jurídica.“Vamos a destinar los recursos que sean necesarios para blindarnos jurídicamente en el corto plazo. Es decir, ampliar la planta de abogados, ya que con la actual estructura no podemos”, manifestó el Secretario de Hacienda, durante el debate.Industria de Licores del Valle, en riesgoEl Valle del Cauca buscará una revisión del contrato de comercialización de licores a cargo hoy de la firma UT. Según el secretario jurídico del Valle, Germán Marín Zafra, ese contrato “podría llevar a la quiebra de la Licorera en diciembre del 2013”.Mencionó que por ello es necesario que se produzca una revisión de los términos del mismo. A ello, el secretario de Hacienda, Javier Roldán, respondió que se espera "revertir ese proceso”.Recordó que “20 años atrás se vendían 18 millones de botellas, hoy solo 11 millones. Por eso, hay que hacer mayores esfuerzos de control e inteligencia”.Y agregó: “Esa es nuestra principal renta. Vamos a luchar a brazo partido para defender ese patrimonio de los vallecaucanos y lo haremos a muerte”.Marín Zafra, denunció más adelante, que las falencias jurídicas del ente territorial han sido aprovechadas por “un cartel de abogados, el cual maneja el 60% de los procesos de pensionados en contra del departamento”. A la fecha existen 3.500 procesos represados por la falta de personal para atenderlos.Lo que vieneEl Gobierno departamental buscará un fortalecimiento de la oficina de rentas dentro del plan de saneamiento fiscal.El Valle tiene proyectado, bajo la Ley 550, destinar el 20% de los ingresos corrientes de libre destinación a ese proceso. Es decir, los provenientes del recaudo de impuestos, más la venta de bienes y servicios y el 100% de la sobretasa al Acpm.También, el programa de saneamiento buscará acudir a los recursos del Fondo de Pasivos Pensiones Territoriales, Fonpet, pero no se reveló sobre qué monto.